Una investigación de El Espectador revela que, tras infiltraciones en los correos y documentos digitales de la disidencia de alias Calarcá Córdoba, emergen indicios de una relación preocupante entre esa estructura armada y altas esferas del Estado.
De acuerdo con los archivos –correos, cartas y otros registros– se planteó una alianza con el general (r) Juan Miguel Huertas, quien, luego de su retiro, ha desempeñado funciones estratégicas como jefe del Comando de Personal del Ejército. El general habría propuesto a los disidentes la creación de una empresa de seguridad formal, con participación 50-50, para que ellos movilizaran sus hombres y armas con cierta “legalidad” y él gestionara permisos para armas y vehículos blindados.
Además, los documentos señalan la participación de Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien sería el nexo para coordinar contactos, rutas y frecuencias de radio entre los disidentes y miembros del Estado.
Estos vínculos ponen en entredicho la transparencia del proceso de paz con Calarcá, pues sugieren que el grupo disidente podría operar con el respaldo de parte del aparato estatal, lo cual generaría un conflicto ético y legal de gran magnitud.
