Gustavo Petro aseguró que la investigación sobre alias “Calarcá” tiene “varios errores” y la representante Jennifer Pedraza le respondió: “No puede salir con este chorro de babas”
La divulgación, la semana del 23–25 de noviembre de 2025, de archivos y comunicaciones incautadas vinculadas a alias Calarcá —uno de los líderes de las disidencias de las FARC— desató una crisis política que involucra a altos mandos militares, funcionarios de inteligencia y a actores del poder político en Colombia. Un reportaje difundido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol puso en el centro del debate la existencia de supuestos nexos entre esa disidencia y, según los documentos presentados, altos oficiales y un directivo de inteligencia.
Frente a esas revelaciones, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente cuestionando la versión periodística: dijo que el informe tenía “varios errores”, puso en duda la veracidad de ciertas fuentes y planteó hipótesis sobre intencionalidades tras la filtración —llegó incluso a referir que la búsqueda de responsables podría tener como objetivo “purgar” a quienes han ayudado a señalar oficiales corruptos— y a insinuar dudas sobre el origen de la información. Esas declaraciones se interpretaron como una deslegitimación del reportaje y como una defensa preventiva frente a las acusaciones que implican a funcionarios del Estado.
La respuesta política no se hizo esperar. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, opositora al Gobierno en varias materias de seguridad y defensa, respondió de manera enérgica en redes sociales (X): reprochó la postura del presidente y dijo textualmente que “usted no puede salir con este chorro de babas” frente a lo que calificó como “la denuncia más grave” contra el Gobierno. Su réplica sintetiza la reacción de buena parte de la oposición, que ha pedido investigaciones claras, transparencia y, en algunos casos, renuncias o aclaraciones públicas de los implicados.
Ante la gravedad de las afirmaciones públicas y los documentos periodísticos, la Fiscalía General de la Nación anunció que abrió averiguaciones para determinar la veracidad de lo difundido y ampliar las indagaciones sobre posibles vinculaciones de militares y agentes de inteligencia con las disidencias. Según versiones oficiales, parte del análisis se basa en dispositivos incautados en operaciones anteriores (por ejemplo, en Anorí, Antioquia), que —según el material periodístico— contienen chats, correos y registros que serían prueba de coordinación o filtraciones. La investigación fiscal elevó la crisis a un plano judicial y generó la intervención de otras instancias de control y requerimientos desde el Congreso.
¿Qué contienen los archivos y por qué preocupan?
El reportaje que detonó la controversia presenta decenas de correos, chats y documentación incautada que, de confirmarse plenamente, mostraría coordinación logística y filtración de información operativa hacia la disidencia dirigida por Calarcá. Entre las supuestas prácticas mencionadas están avisos o filtraciones que habrían permitido a esa estructura evadir operativos, además de indicios sobre la intención de crear empresas fachada (seguridad privada) y supuestos vínculos económicos. Si se confirman, esas prácticas implicarían no solo corrupción u obstrucción operacional sino un problema grave de seguridad nacional y una putrefacción institucional.
Posturas oficiales y estrategia comunicacional
- Gobierno (Presidencia): Petro buscó relativizar el impacto del informe al mencionar errores y señalar posibles agendas detrás de la filtración. Su enfoque fue restar contundencia al reportaje y reclamar prudencia frente a fuentes que, según él, podrían estar viciadas. Ese tono generó críticas por parte de quienes consideran que la Presidencia debe promover investigaciones imparciales en lugar de desacreditar al periodismo que levanta denuncias.
- Oposición y congresistas independientes: Exigieron explicaciones públicas, pedido de cuentas y, en algunos casos, llamaron a la renuncia de funcionarios implicados o a la presentación de pruebas ante las instituciones competentes. Jennifer Pedraza se convirtió en una de las voces más directas, acusando al presidente de minimizar la gravedad del caso con expresiones que para ella resultan insultantes frente a una denuncia grave.
- Fuerzas armadas y señalados: Los oficiales mencionados han rechazado las acusaciones y negado cualquier colaboración con las disidencias; el proceso de verificación de las pruebas es todavía incipiente y forma parte de la investigación judicial y disciplinaria en curso.
Riesgos y efectos políticos
La combinación de evidencias periodísticas, pronunciamientos presidenciales que relativizan el material y las reacciones en el Congreso genera varias consecuencias concretas:
- Crisis de confianza: Si partes del Estado —fuerzas armadas o inteligencia— están comprometidas, la confianza ciudadana en instituciones clave se ve erosionada.
- Presión sobre la agenda de seguridad: Requiere priorizar esclarecimiento, depuración institucional y reformas en mecanismos de control interno.
- Impacto en la estabilidad política del Gobierno: Las acusaciones podrían traducirse en solicitudes de renuncia, investigaciones parlamentarias o movilizaciones políticas que compliquen la gobernabilidad.
Qué sigue (pasos inmediatos esperables)
- La Fiscalía continuará la verificación forense de dispositivos y la cotejará con testimonios.
- Se esperan citaciones al Congreso y pedidos de informes a los Ministerios correspondientes (Defensa, Interior) y a la Dirección Nacional de Inteligencia.
- Los medios seguirán publicando hallazgos o reacciones que pueden ampliar o matizar los alcances iniciales del reportaje. La transparencia procesal será clave para disipar dudas y evitar que la discusión escale a una crisis institucional mayor.
