Óscar Barreto fue exonerado por segunda vez en menos de un año.
Por segunda ocasión en menos de un año, la Corte Suprema de Justicia archivó un proceso judicial en contra del senador tolimense y exgobernador del departamento, Óscar Barreto Quiroga. Esta vez se trataba de una investigación por presuntas irregularidades en la conversión de un salón de eventos en el municipio de Saldaña, el cual fue transformado en una institución educativa.
La Sala Especial de Instrucción desestimó los cargos relacionados con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según los denunciantes, durante el primer mandato de Barreto como gobernador, en 2010, se adecuó un salón de eventos para convertirlo en la Institución Educativa Técnica Roberto Leyva, sin considerar adecuadamente la ubicación, dotación ni la funcionalidad para los estudiantes de la zona.
No obstante, la Corte encontró que las obras habían sido recibidas a satisfacción por la Secretaría de Educación del Tolima y que los supuestos fallos en la estructura, especialmente los hidráulicos y sanitarios, no se evidenciaron durante la entrega formal del plantel. Además, el alto tribunal citó que no fue necesario ningún contrato adicional, lo cual confirmó que no existieron omisiones ni incumplimientos relevantes.
Historial
Cabe recordar que esta no es la primera vez que el nombre de Barreto figura en investigaciones judiciales. En octubre de 2024, también fue exonerado por un proceso que involucraba supuestas irregularidades en el manejo de $53 millones del presupuesto de 2011 para proyectos de nutrición en el Tolima. La Corte desestimó que se hubieran cometido delitos, aclarando que los dineros quedaron para ejecución en la siguiente vigencia.
A pesar de estos cierres favorables, Barreto aún enfrenta una investigación en curso por el polémico convenio 758 de 2008 entre la Gobernación del Tolima y la empresa Egetsa, mediante el cual se pretendía mejorar sistemas de acueducto en varios municipios.
Las sospechas se centran en que Egetsa habría subcontratado obras sin licitación pública y manejado de forma irregular más de $5.400 millones, además de adjudicar un contrato de $1.500 millones a Diego Fernando Rodríguez, presunto aportante de campaña de Barreto.
Para finales de julio, se espera que la Corte Suprema reanude el juicio relacionado con este último proceso.
