ARCHIVAN POLÉMICA DENUNCIA

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La queja de Adriana Avilés contra Javier Mora por violencia política sexista no prosperó.
La controversia que rodeaba al concejal Javier Mora Gómez llegó a un punto definitivo luego de que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Concejo de Ibagué entregara su concepto oficial sobre la denuncia interpuesta por la ciudadana Adriana Avilés Alvarado. La acusación se basaba en una presunta violencia política basada en género, pero el fallo sorprendió a muchos: no hay delito, ni falta.

Silvia Cristina Ortiz, presidenta de la Comisión, sostuvo que tras el análisis detallado de las declaraciones del cabildante en una entrevista concedida a medios de comunicación, se concluyó que sus afirmaciones no constituyen violencia política contra la mujer.

Ortiz explicó que, aunque las palabras del concejal pueden resultar polémicas, no fueron motivadas por el género de la denunciante ni contenían expresiones ofensivas, discriminatorias o que atentaran contra sus derechos políticos. 

Asimismo, recordó que el Concejo Municipal no tiene competencia para sancionar hechos relacionados con violencia política basada en género, señalando que esa tarea le corresponde al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con la Ley 2453 de 2025.

Propuesta

En su informe, la Comisión también hizo un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de prevención dentro del mismo Concejo. Aunque no hubo sanción para Mora, Ortiz resaltó la importancia de construir una cultura política más respetuosa e inclusiva.

Entre las propuestas que llevarán a plenaria se encuentran reformas al reglamento interno, con el fin de incluir definiciones claras sobre violencia política basada en género, crear protocolos pedagógicos para atender casos similares y fomentar un entorno libre de prejuicios que garantice la participación femenina.

Finalmente, se recomendó oficialmente archivar la queja presentada por Adriana Avilés, al considerar que no hay méritos suficientes para abrir un proceso disciplinario ni pruebas que sustenten una conducta sancionable.

La decisión ha sido vista con división entre los sectores políticos de la ciudad, mientras unos lo consideran un acto de justicia, otros lo califican como una señal de que aún falta mucho para lograr verdadera equidad política.


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