La Contraloría General de la República confirmó el archivo definitivo del proceso de responsabilidad fiscal relacionado con el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ejecutado durante la administración del exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, al establecer que no existió daño fiscal contra el patrimonio del municipio.
La decisión quedó en firme mediante el Auto No. URF2–1879 del 30 de diciembre de 2025, tras surtirse el grado de consulta obligatorio, ratificando que no se configuró el elemento esencial para declarar responsabilidad fiscal: un daño cierto, cuantificable y atribuible al erario público.
Análisis técnico
El proceso, iniciado en 2022, evaluaba presuntos sobrecostos en el Contrato de Suministro No. 1093 de 2020, cuyo valor superó los $12.500 millones, y que inicialmente arrojó una posible afectación cercana a los $701 millones. No obstante, el informe técnico definitivo demostró que los precios pactados estaban por debajo del promedio del mercado local, incluso en productos clave como arroz y huevos, durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
El estudio incorporó cotizaciones reales, análisis de mercado contextualizado y variables logísticas propias de la pandemia, desvirtuando cualquier presunto detrimento patrimonial.
Archivo definitivo
La Contraloría precisó además que los precios del SIPSA–DANE no podían tomarse como único referente técnico, al no contemplar costos adicionales indispensables para la operación del PAE en condiciones excepcionales. Con base en el principio de realidad material, el ente de control concluyó que la gestión fiscal se ajustó a los principios de economía y eficiencia.
El archivo definitivo cobija a todos los vinculados y deja sin efectos cualquier imputación fiscal, brindando tranquilidad jurídica a Gorky Muñoz Calderón, hoy candidato al Senado, al ratificarse la legalidad de su actuación administrativa y el adecuado manejo de los recursos públicos.
