Ya son 73 las personas víctimas de desaparición forzada en Arauca, en lo corrido de este 2024 y como consecuencia del recrudecimiento del conflicto narmado así lo advirtió la Defensoría del Pueblo.
Esta cifra es 38 más que en el mismo periodo del año anterior y a esta grave situación se suma lo denunciado por la Defensoría de al menos 78 homicidios.
La desaparición forzada, como práctica atroz en el desarrollo del conflicto armado y es un crimen de lesa humanidad, cuando es cometida de manera generalizada como lo que ocurre en Arauca.
Para la entidad expresó preocupación las graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas por los grupos armados como el EMC, el Eln y las disidencias de las Farc.
Durante todo el 2023 la Defensoría tuvo conocimiento de la desaparición de 113 personas, de 37 aún no tiene conocimiento de su paradero.
En este 2024 se desconoce el paradero de 29 personas y uno de los hecho más conocidos fue el del ganadero Uriel Parales, de 64 años, quién habría sido secuestrado en el municipio de Cravo Norte y aún no se tiene información alguna.
En otras palabras, en el último año y medio no se sabe nada de 66 personas, a quienes sus familias, con esperanza y fe, aún siguen esperando.
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#Arauca 🚨¡Llamado de atención! Según Defensoría del Pueblo en Arauca en lo que va corrido el año se aumentó a 73 las personas victimas de desaparición forzada. #Desaparicion #Victimas #Familias #GruposArmados #Colombia pic.twitter.com/CU2NLkUP8w
— HSB Noticias (@HSBnoticias) July 11, 2024
Defensoría: No denuncian por temor a represalias
Según la información entrgada por los familiares de las víctimas, las personas serían identificadas y abordadas por sujetos armados que, mediante intimidación, las someten y se las llevan con rumbo desconocido.
En la mayoría de los casos serían sometidas a ‘juicios’ que incluirían torturas y castigos, con el fin de comprobar o descartar si hacen parte de o colaboran con otro grupo armado contendor.
En otros casos, las motivaciones de las retenciones podrían ser económicas o extorsivas.
La Defensoría tiene conocimiento de que existe un subregistro importante de desapariciones, pues los familiares se niegan a hacer las respectivas denuncias ante las autoridades, por temor a represalias de los captores.
También ha conocido que se arriesgan a hacer acercamientos en privado, con tal de tener información de sus seres queridos y lograr su regreso a casa, sanos y salvos.
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Los grupos armados deben renunciar a este delito:
Según la Defensoría del Pueblo se debe poner fin a esta práctica, la cual subyuga a la población civil, produce terror y causa sufrimiento a las familias de los afectados y la sociedad en general.
Además de que es constitutiva de vulneraciones a los derechos a la libertad, la seguridad, la vida, entre otros.
A las instituciones del Estado les solicita prestarle atención a la situación de orden público que sigue viviendo el departamento y que vulneran los derechos de las comunidades e infringen el DIH.
Desde este ente reitera la disposición de sus canales humanitarios para que mujeres y hombres reportados como desaparecidos, sin importar las pretensiones de quienes los puedan tener en su poder, regresen lo más pronto posible al seno de sus hogares.




