Los recientes casos de alcaldes del Tolima, cuya elección fue anulada, han encendido las alarmas sobre el futuro de Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué. Con una demanda en su contra, que será definida por el Consejo de Estado, la incertidumbre se apodera de su gobierno y del grupo político del exalcalde Andrés Hurtado.
A Johana Aranda la demandaron por dos razones: una supuesta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y una supuesta doble militancia en las elecciones de 2023. La primera causa es la que más preocupa al ‘hurtadismo’, ya que durante tres semanas de mayo de 2022, Aranda reemplazó al entonces alcalde Hurtado, quien fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación.
Según José Baruth Tafur, abogado demandante, este reemplazo inhabilita a Aranda para participar en las elecciones de 2023, ya que fue designada por el Partido Conservador durante la suspensión de Hurtado. El Consejo de Estado deberá decidir si esta inhabilidad es válida. La única esperanza de Aranda reside en una interpretación favorable del artículo 38 de la Ley 617 de 2000.
Lo cierto es que los próximos días serán de alta tensión para Aranda, Hurtado y el resto del ‘hurtadismo’. Su futuro como organización política depende en buena medida de la decisión que tomen en el Consejo de Estado.
Para nadie es un secreto que esta organización en auge depende de las maquinarias burocráticas con las que cuentan gracias a la Alcaldía de Ibagué
