Durante la reciente sesión del Subcomité de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos, se logró socializar y aprobar el plan de contingencia del departamento del Meta. Este plan tiene como objetivo definir acciones y estrategias para la atención oportuna y adecuada de emergencias humanitarias derivadas del conflicto armado. La secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta, Ingrith Acosta Carvajal, anunció la aprobación de este plan y destacó los esfuerzos y recursos destinados para su implementación.
Inversión
El plan de contingencia ha experimentado un aumento en su inversión, pasando de $88 millones el año pasado a $309 millones para el presente año. Este presupuesto contempla diversos componentes y mecanismos de apoyo subsidiario, tanto a nivel individual como masivo, en ayuda humanitaria inmediata. Los recursos se destinarán a provisiones esenciales como alimentación, aseo personal, utensilios de cocina, alojamiento transitorio, atención médica y psicológica, y transporte de emergencia.
Además, se ha asignado una suma adicional de $16.887 millones para el auxilio funerario de la población víctima del conflicto.
Ruta
La ruta de apoyo subsidiario permitirá brindar atención efectiva a las víctimas directas del conflicto armado en los 29 municipios del Meta, especialmente aquellos que no cuentan con la capacidad financiera para suplir necesidades de ayuda humanitaria.
Ingrith Acosta Carvajal explicó que el Departamento, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Paz, estará preparado para ofrecer la ayuda correspondiente, respondiendo de manera oportuna a las solicitudes de los municipios, sin que estos necesiten agotar previamente sus recursos.
Riesgo
El plan de prevención identificó tres escenarios de riesgo principales: la presencia de disidencias de las FARC, la estigmatización y vulneración de derechos de líderes y lideresas, y la criminalidad e inseguridad debido a la presencia y actividades de bandas criminales en el departamento.
Se estableció un sistema de garantías que incluye una oferta institucional en áreas como seguridad, educación, derechos humanos, mujer, cultura, deporte, turismo, empleo y niñez. Este sistema comprende 35 acciones puntuales que la institucionalidad debe seguir para cada uno de los escenarios de riesgo identificados.
