La Ley que fomenta el desarrollo de la apicultura y la protección de las abejas, debió haber sido reglamentada en enero pasado. Tras una acción judicial se le ordenó al Estado proceder a dicha reglamentación, no obstante, la sentencia fue impugnada por MinSalud, brindando la potestad al exalcalde Jaramillo de desistir de dicha impugnación. Durante los últimos años, el planeta entero se ha ido concientizando sobre la importancia de la protección hacia las abejas, debido a su trabajo polinizador con gran aporte en la labor ecosistémica y la seguridad alimentaria. Parte de la cruzada para otorgarle el debido reconocimiento al trabajo de las abejas, estuvo a cargo del Colectivo Abejas Vivas, que reúne a diferentes apicultores de todo el país, incluyendo a Ibagué.
Mecanismos
Andrés Cocomá, un apicultor de la ciudad y miembro de chico colectivo, señaló que por más de siete años, impulsaron la construcción de un proyecto de Ley por el cual se crearan mecanismos para el fomento y desarrollo de la apicultura en el país y otras disposiciones que apuntaban a la protección de los polinizadores en cuestión.
Cocomá explicó que dicho proyecto de normativo se vio sometido a una serie de cambios, pero finalmente vio la luz en enero del año anterior como la Ley 2193 de 2022, cuyo plazo para de reglamentación era de un año. No obstante, al no haberse reglamentado la Ley, el abogado ambientalista, Luis Domingo Gómez, demandó a varias entidades del Estado, siendo esta admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que, en agosto pasado, diera un ultimátum al Estado sobre la reglamentación e implementación de la Ley.
Pese a la impugnación, existe un halo de esperanza de que, al igual que MinAgricultura, el Ministerio de Salud desista de su intención, toda qué vez que el jefe de esta cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando ocupaba el puesto de alcalde de Ibagué, exactamente en 2019, en favor de la protección de las abejas. Cocomá pidió así la intervención del ministro Jaramillo, para que permita la reglamentación de la Ley, ya que, en caso de no desistir de la impugnación, puede hacer que el proceso se dilate hasta el 2025.
