En un paso significativo hacia la erradicación del hambre en el departamento, la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó el viernes 8 de marzo un proyecto de Ordenanza que destinará la totalidad del impuesto vehicular para fortalecer la política pública de seguridad alimentaria. Según cifras de Antioquia Cómo Vamos, el 60% de los hogares en el departamento, equivalentes a 490 mil, enfrentan inseguridad alimentaria, una situación que supera la media nacional.
El gobernador, en un esfuerzo por combatir este problema, propuso utilizar los más de $300.000 millones anuales recaudados del impuesto vehicular para hacerle frente al hambre. La iniciativa recibió un respaldo abrumador en la Asamblea, culminando en una votación positiva el pasado viernes. El gobernador Rendón celebró la aprobación en sus redes sociales, destacando el compromiso de la Asamblea para disminuir la inseguridad alimentaria en el departamento.
Los datos de la Secretaría de Hacienda Departamental indican un aumento del 24% en el recaudo del impuesto vehicular en los primeros dos meses de 2024, llegando a cerca de $108 mil millones. El secretario de Hacienda, Eugenio Prieto Soto, subrayó que esta medida permitirá impactar en la disminución del hambre, especialmente en niños, adolescentes y la población adulta mayor. Para el primer año, se destinaron 324 mil millones de pesos, un 50% más en comparación con los últimos 8 años.
Además, el impulso por la seguridad alimentaria se extiende a nivel nacional con la aprobación del segundo debate para una iniciativa de donación a bancos de alimentos en el país. La propuesta, respaldada el 7 de marzo, ahora pasa al Senado de la República. La representante Saray Robayo, autora del proyecto, expresó que el objetivo es combatir el hambre en Colombia, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro.
El proyecto
El proyecto busca incentivar la donación de productos en buen estado, aprovechando la cantidad significativa de alimentos aptos para el consumo humano que actualmente se desperdician. En palabras de la representante Robayo, «no afecta fiscalmente al país» y propone aumentar el descuento en el impuesto de renta para las empresas que donen alimentos, pasando del 25% al 40%, y en casos de emergencia, hasta el 50%. Esta medida pretende equilibrar la balanza, favoreciendo la donación sobre la destrucción de alimentos y contribuyendo a la meta de hambre cero en Colombia.
