En el municipio de Páez, Cauca, las comunidades campesinas de la vereda Brisas han elevado una exigencia directa a la Secretaría de Educación Departamental para que garantice una educación diferenciada y adecuada a sus contextos. Esta solicitud surge en medio de crecientes tensiones entre comunidades indígenas y campesinas por la implementación del Decreto 1345, que establece un modelo de educación propia indígena y que, según denuncian, se está imponiendo también a niños y niñas campesinos sin su consentimiento.
Las tensiones se han intensificado en Brisas, donde las familias campesinas consideran que el modelo educativo indígena no responde a sus necesidades culturales, sociales ni territoriales. En este sentido, denuncian que la implementación del modelo desconoce su identidad y prácticas, y que su aplicación forzada vulnera los derechos educativos de sus hijos. Esta situación ha generado inconformidades que ya han sido llevadas a instancias departamentales, aunque con pocos resultados concretos hasta el momento.
Pese a que se han realizado varios encuentros y mesas de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Educación del Cauca, las comunidades señalan que los compromisos adquiridos en estas reuniones no han sido cumplidos. Aseguran que la falta de acción refleja actos de vulneración hacia las infancias campesinas y acusan al gobierno departamental de favorecer de manera clientelista a las comunidades indígenas, que tendrían una mayor influencia en las decisiones gubernamentales sobre educación en la región.
Ante la falta de respuesta institucional, las familias campesinas de Brisas han decidido tomar medidas autónomas para garantizar el derecho a la educación de sus hijos. Con recursos propios, adecuaron un espacio comunitario y contrataron docentes que trabajan bajo un enfoque pedagógico orientado a fortalecer las dimensiones culturales, productivas y sociales del campesinado. Esta acción busca proteger su identidad y construir una alternativa educativa que responda a su realidad.
Las comunidades hacen un llamado urgente a que se reactiven y se cumplan las agendas de diálogo propuestas, con el fin de encontrar una solución concertada y equitativa. Insisten en que la educación debe ser un derecho garantizado para todos los sectores sociales del departamento, sin favoritismos ni imposiciones, y piden que sus voces sean escuchadas en los espacios de toma de decisiones.
