El caso de Ciro Alejandro Ramírez Cortés, político boyacense preso por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, se ha visto marcado por serias contradicciones en los testimonios clave, lo que pone en duda la solidez de las acusaciones. La reciente declaración de Pablo Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, ha generado inquietudes sobre la veracidad de las pruebas presentadas. Herrera inicialmente afirmó haber mantenido encuentros presenciales con Ramírez, pero, bajo juramento, admitió que desde noviembre de 2021 solo se comunicó con él por WhatsApp, y que los mensajes eran eliminados regularmente. Esta contradicción debilita su testimonio y plantea serias dudas sobre la confiabilidad de la investigación.
La Fiscalía General de la Nación, que había basado su caso en el testimonio de Herrera, ahora se ve obligada a replantear su estrategia, ya que no se han presentado pruebas documentales que respalden las afirmaciones de las reuniones presenciales. El hecho de que los mensajes de WhatsApp hayan sido borrados complica la verificación de la información proporcionada, lo que aumenta la incertidumbre sobre la validez del caso.
La defensa de Ramírez ha destacado la debilidad de las pruebas en su contra, argumentando que las contradicciones en los testimonios y la falta de pruebas documentales hacen que la acusación pierda consistencia. A través de sus redes sociales, Ramírez ha señalado las falencias del caso, destacando que las declaraciones bajo juramento y las pruebas documentales han desmontado la narrativa de la acusación. Este proceso pone de manifiesto las deficiencias del sistema judicial, que, en lugar de contar con evidencias claras y consistentes, depende de testimonios que son frecuentemente refutados.
