Revelaciones, pruebas documentales y presuntas presiones internas configuran un caso que impacta la confianza institucional y gestión pública.
En primer lugar, resulta relevante señalar que, el pasado 21 de abril, Angie Rodríguez expuso públicamente denuncias en contra de Juliana Guerrero relacionadas con la presunta expedición de títulos universitarios falsos vinculados a la Fundación San José. En este contexto, durante una entrevista con Revista Semana, Rodríguez presentó chats y evidencias clave que respaldarían las investigaciones en curso.
Asimismo, Rodríguez afirmó que fue ella quien identificó inicialmente las inconsistencias en la documentación académica de Guerrero dentro del Gobierno Nacional; sin embargo, señaló que, tras este hallazgo, comenzó a recibir presuntas presiones, lo que, según su versión, derivó en un ambiente de confrontación interna.
Por otra parte, explicó que, en el marco de sus funciones relacionadas con la revisión de hojas de vida y nombramientos, detectó irregularidades en los títulos presentados. Posteriormente, al recibir información que indicaba la validación de dichos estudios, procedió a verificar nuevamente, encontrando inconsistencias que la llevaron a concluir que los documentos podrían ser falsos.
En consecuencia, el caso tomó mayor relevancia cuando la congresista Jennifer Pedraza divulgó documentos adicionales que reforzarían las denuncias. De igual manera, Rodríguez indicó que informó previamente al presidente Gustavo Petro sobre estos hallazgos; no obstante, según su testimonio, no se profundizó en el tema en ese momento.
