El alcalde de la ciudad de Pasto, Nicolás Toro, participó en la reunión convocada por la Jueza Constitucional del municipio de La Florida con el fin de analizar las inversiones necesarias en los corregimientos que, años atrás, fueron declarados como zonas de amenaza alta debido a la actividad volcánica del Galeras.
También estuvieron presentes los alcaldes de los municipios de Nariño, Roberto Betancourt y La Florida, Andrés Díaz, representantes del Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y miembros de la comunidad quienes aportaron sus visiones y preocupaciones sobre la situación actual de los territorios afectados por lo declarado.
Recursos
En la reunión, el alcalde Toro, señaló que su administración está comprometida con la gestión de recursos que permitan realizar inversiones urgentes en estas zonas. “Hemos venido trabajando arduamente para abrir el camino hacia el desarrollo de estas regiones que, debido a la declaratoria de amenaza alta, han sido marginadas de la inversión pública”, afirmó.
De igual manera, Nicolás Toro hizo un importante llamado al Gobierno Nacional para que priorice estas áreas en sus planes de inversión: “Necesitamos que el Gobierno nos respalde con decisiones concretas y recursos reales para transformar las condiciones de vida de estas comunidades”.
Poblaciones
Al respecto, el director de Gestión del Riesgo de Desastres de Pasto, Ricardo Ortiz, destacó la relevancia de la reunión, como un paso fundamental hacia la reivindicación de estas poblaciones. “Es fundamental que sigamos luchando por estas zonas históricamente olvidadas. Hoy damos una señal clara de voluntad política e institucional para avanzar”, concluyó.
Los antecedentes de esta situación se remontan a 20 años atrás, a consecuencia de la declaratoria de zona de desastre en los municipios de La Florida, Nariño y parte de Pasto, por parte del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Fue una situación que de inmediato frenó la inversión pública, con grandes daños económicos para estas regiones mencionadas, cuyos líderes, le presentaron al Gobierno Nacional un Plan Integral de Gestión de Riesgo.