Amnistía confirma crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Amnistía Internacional publicó un informe demoledor sobre la situación en Venezuela. El documento afirma que el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, desapariciones forzadas, tortura, persecución política y detenciones arbitrarias.
Según la organización, estos hechos no son aislados. Forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. La represión habría comenzado en 2014 y se ha intensificado en los últimos años.
Desapariciones forzadas como herramienta de represión
El informe destaca el uso de desapariciones forzadas por parte del Estado. Muchas víctimas son arrestadas sin orden judicial y permanecen incomunicadas por días o semanas. Esto ocurre en contextos de protestas o crisis institucionales.
Amnistía señala que estas prácticas cumplen con los requisitos del Estatuto de Roma. Por lo tanto, constituyen crímenes de lesa humanidad.
El Estado planifica y ejecuta la represión
No se trata de hechos espontáneos. La represión está planificada y ejecutada desde estructuras del poder. El informe acusa a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro de tener responsabilidad directa.
Las violaciones de derechos incluyen torturas, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Las víctimas suelen ser activistas, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
La CPI investiga, pero no hay justicia interna
Desde 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) investiga al Estado venezolano. El caso, conocido como “Venezuela I”, se enfoca en crímenes cometidos desde 2014.
Aunque el gobierno firmó acuerdos con la CPI, no hay avances reales en la justicia nacional. La impunidad sigue siendo la norma.
Llamado a la comunidad internacional
Amnistía hace un llamado urgente a la comunidad internacional. Pide presión diplomática, apoyo a las víctimas y defensa activa de los derechos humanos.
También recomienda aplicar el principio de jurisdicción universal. De este modo, otros países podrían juzgar a los responsables, aunque estén fuera de Venezuela.
Una crisis que exige respuesta global
El informe concluye con un mensaje claro: la justicia internacional es esencial. Mientras el sistema judicial venezolano siga sin actuar, las víctimas seguirán esperando justicia.
