Decisión de la JEP genera controversia
La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió el beneficio de amnistía de iure a Víctor Ramón Vargas Salazar, actual alcalde de Campoalegre y exintegrante de las extintas Farc-EP, por el delito de rebelión, en un fallo que ha generado reacciones divididas en la opinión pública. La decisión de la JEP implica que se eliminen los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales relacionados con este caso en las bases de datos de entidades como la Procuraduría, la Contraloría, la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Vargas Salazar fue condenado por la justicia ordinaria el 28 de julio de 2011 por el delito de rebelión, pero la JEP, en el marco del proceso de justicia transicional derivado del Acuerdo de Paz, determinó que esta conducta puede ser amnistiable bajo el criterio de conexidad con el conflicto armado.
Otros procesos en curso
Pese a este beneficio, la situación jurídica del mandatario aún está en evaluación, ya que la JEP estudiará si el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, por el que fue procesado en junio de 2011, puede ser objeto de amnistía. Este delito, considerado grave en el derecho penal ordinario, podría no cumplir con los criterios de amnistiabilidad, lo que podría derivar en un proceso judicial diferente. La decisión de la Sala de Amnistía será clave para definir su futuro legal.
Asimismo, en junio de 2024, la JEP también le otorgó la amnistía por el delito de porte de armas de uso personal, proceso por el que fue condenado el 11 de mayo del 2000. Actualmente, Vargas Salazar sigue ejerciendo su cargo de alcalde de Campoalegre, Huila, mientras se resuelven los procesos pendientes en su contra.
Cumplimiento del régimen de condicionalidad
Según el comunicado oficial de la JEP, Vargas Salazar ha cumplido con los requisitos del régimen de condicionalidad, que exige aportes a la verdad y garantías de no repetición. Entre las actuaciones que ha adelantado ante la justicia transicional, se encuentra su comparecencia ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP el 19 de abril de 2023, así como su participación en la Audiencia ante la Sala de Amnistía o Indulto el 11 de enero de 2024. Estos actos se consideran fundamentales para acceder a los beneficios de justicia transicional.
Reacciones y polémica
La decisión ha generado un fuerte debate en distintos sectores políticos y de la sociedad civil. Mientras que algunos defensores del proceso de paz consideran que la amnistía es un paso necesario en el marco de la reconciliación y la justicia transicional.
Por ahora, la comunidad de Campoalegre sigue atenta a las decisiones que la JEP tomará sobre los procesos pendientes de su alcalde, cuya permanencia en el cargo dependerá del curso de estas determinaciones judiciales. Mientras tanto, el debate sobre la aplicación de la justicia transicional y sus implicaciones en la política nacional continúa siendo un tema de discusión en el país.
