Un mensaje intimidatorio en WhatsApp desata alerta en Neiva
Andrés Felipe Artunduaga Loaiza, ciudadano neivano, denunció públicamente haber recibido mensajes intimidatorios a través de WhatsApp por expresar su desacuerdo con el manejo de la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Germán Casagua. La amenaza proviene de un contacto identificado como “Samuel Morales”, quien asegura tenerlo “en la mira” por su “difamación en redes sociales” contra el gobierno local.
En las capturas de pantalla entregadas por Artunduaga a este medio, se lee textualmente: “Señor Felipe, lo tenemos en mira por su difamación en redes sociales del gobierno que se está dando en la ciudad de NEIVA. Ojo, siga mejor callado porque pueden pasar muchas cosas y conocernos a su familia, madre e hijo.”
Más allá de la crítica política
El contenido del mensaje no solo busca silenciar una voz crítica, sino que amenaza directamente la integridad y seguridad del ciudadano y su núcleo familiar. Lejos de ser una simple reacción exagerada en redes sociales, se trata de una advertencia con tintes de amedrentamiento.
En la misma conversación, Artunduaga responde con firmeza y sin temor: “Y voy a poner en conocimiento esto… porque no es difamación, es solo que no hacen las cosas.” Luego añade que tiene contacto directo con el alcalde y que informará de la situación.
Una denuncia pública
Andrés Felipe no se quedó en el silencio. Grabó un video y lo difundió en redes sociales, donde narra lo sucedido, muestra las capturas de pantalla y realiza un llamado directo al alcalde Germán Casagua para que se pronuncie y garantice el derecho a la libre expresión sin represalias.
En el video, visiblemente preocupado, pero con tono firme, Artunduaga enfatiza: “No puede ser que por opinar o por decir las cosas que no se están haciendo bien en la ciudad, tengamos que recibir amenazas. Esto no puede seguir ocurriendo en Neiva.”
Libertad de expresión
Este caso deja en evidencia la importancia de proteger la libertad de expresión como un pilar democrático. La crítica ciudadana no puede convertirse en motivo de persecución ni de amenazas veladas o explícitas. Más aún cuando quien la ejerce lo hace desde canales pacíficos y legítimos.
Las autoridades locales y regionales deben pronunciarse y actuar. El silencio institucional frente a este tipo de hechos puede interpretarse como complicidad o indiferencia, en un contexto donde los derechos ciudadanos deben ser defendidos sin titubeos.
Andrés Felipe espera respuestas, pero sobre todo garantías. Porque opinar distinto no debe costar la tranquilidad de nadie.
