La preocupación crece en Rovira por las denuncias relacionadas con presiones de grupos armados contra habitantes del campo.
La situación fue advertida por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien señaló que campesinos estarían recibiendo citaciones y exigencias económicas atribuidas a disidencias de las FARC. El llamado encendió las alarmas entre las comunidades, mientras las autoridades buscan fortalecer la presencia institucional en sectores donde estructuras ilegales pretenderían imponer reglas, generar temor y afectar las actividades de familias y productores.
Según la información divulgada por la mandataria departamental, las intimidaciones estarían llegando a sectores rurales de Rovira. Las autoridades investigan las circunstancias y buscan establecer el alcance de estas acciones, así como identificar a los responsables.
Matiz fue enfática al pedir que ningún ciudadano permita ser utilizado por organizaciones criminales para transmitir amenazas, cumplir órdenes o facilitar sus intereses. Insistió en mantener comunicación directa con las instituciones y entregar información que contribuya a las investigaciones.
La gobernadora aseguró que las comunidades no deben responder a las pretensiones de los grupos ilegales. Su instrucción fue directa: evitar cualquier pago y no acatar citaciones emitidas por estructuras criminales, además de denunciar ante las autoridades.
El llamado también fue dirigido a la Fuerza Pública, a la que se solicitó reforzar el control territorial mediante mayor presencia operativa y labores de inteligencia militar y policial. El objetivo es anticiparse a nuevas acciones intimidatorias, proteger a la población y evitar que los cobros ilegales se conviertan en una práctica permanente.
Las autoridades consideran fundamental que los ciudadanos reporten oportunamente cualquier situación sospechosa. La información entregada por la comunidad puede ayudar a ubicar zonas afectadas, establecer patrones y orientar los operativos.
Mientras avanzan las verificaciones, el panorama mantiene la atención sobre Rovira y sus veredas. La prioridad institucional es evitar que el miedo termine imponiéndose sobre las actividades productivas y la vida cotidiana.
El mensaje oficial busca cerrarles espacio a las organizaciones criminales y fortalecer la confianza de los habitantes en las instituciones. Para las autoridades, denunciar y rechazar las exigencias ilegales resulta fundamental para impedir que las estructuras armadas consoliden mecanismos de presión.
Situación continuará bajo seguimiento de los organismos de seguridad, mientras se define el alcance de las denuncias y las medidas necesarias para proteger a las comunidades del municipio.
