En Tuluá, un grupo de servidores judiciales, incluyendo fiscales y jueces, ha sido víctima de amenazas por parte de un grupo criminal que ha intensificado la violencia en la región. Las amenazas fueron comunicadas a través de panfletos que los grupos armados distribuyeron, donde declaraban a los funcionarios judiciales como objetivos militares. Este hecho generó gran preocupación en la rama judicial, ya que pone en riesgo la vida e integridad de quienes ejercen la administración de justicia en la zona.
Ante esta situación, la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a las autoridades nacionales y locales que tomen medidas urgentes para proteger a los funcionarios judiciales y garantizar su seguridad. Este incidente destaca los crecientes riesgos que enfrentan los servidores públicos en regiones afectadas por el conflicto armado y el crimen organizado, y subraya la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a presiones externas que intentan socavar el Estado de Derecho.
