Expertos, organizaciones y autoridades advierten que la Amazonía colombiana está bajo amenaza no solo por grupos armados y narcotráfico, sino también por políticas de desarrollo mal diseñadas, expansión agraria y actividades legales extractivas que agravan la deforestación y criminalidad ambiental.
Bogotá, 17 de agosto de 2025.
En el foro “Amazonía bajo amenaza”, organizado por la Universidad de los Andes, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Embajada de Alemania y la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se advirtió que la Amazonía colombiana sufre una convergencia de amenazas: economías ilícitas, extractivismo legal y debilidades institucionales. El debate se centró en romper con la narrativa limitada que culpa únicamente al narcotráfico o los grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC o el ELN.
Factores que agravan la crisis
- Políticas contraproducentes: Programas como el de sustitución de cultivos ilícitos provocaron un aumento del 104 % en la deforestación entre 2014 y 2019, acompañado de una expansión del 302 % de tierras convertidas en pasturas.
- Economías que trascienden lo ilegal: Minería, extracción de madera y proyectos energéticos están erosionando el ecosistema, actuando en paralelo con actividades ilegales para debilitar la soberanía ambiental.
- Vacíos institucionales: Marco regulatorio obsoleto, falta de voluntad política y debilidad institucional permiten que modelos de respuesta actuales resulten insuficientes.
Francisco Gutiérrez Sanín, director científico del Observatorio de Restitución de Tierras, y la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales, fueron enfáticos: “No se trata sólo de actores criminales; el reto es también político e institucional”.
Propuestas surgidas en el foro
- Impulsar acuerdos vinculantes internacionales que fortalezcan la gobernanza y trazabilidad de cadenas productivas.
- Mejorar la cooperación regional entre los ocho países amazónicos para enfrentar la criminalidad ambiental de manera conjunta.
- Atacar la cadena de suministros ilegales, desde la extracción hasta el lavado de activos.
- Reforzar los marcos legales e institucionales, que actualmente fueron diseñados con un enfoque antinarcóticos, y ya no responden a la complejidad de los delitos ambientales.
El encuentro antecede la V Cumbre de Presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica, que se celebrará en Bogotá el próximo 22 de agosto, y en la que los mandatarios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela deben acordar compromisos de protección del bioma amazónico.
La Amazonía colombiana está hoy en una encrucijada: una región que enfrenta amenazas crecientes desde múltiples frentes —legales e ilegales— y cuya protección requiere respuestas holísticas. Si el país no actualiza sus políticas públicas, fortalece su regulación ambiental y coordina estrategias transnacionales, el ecosistema más biodiverso del planeta seguirá deteriorándose. Sea en el foro académico o en la cumbre presidencial, la urgencia cobra sentido: no basta con más datos, sino con voluntad política, marcos vinculantes y cooperación real.
