En una votación realizada de madrugada, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley que reduce los requisitos para obtener licencias ambientales en obras productivas. La propuesta, respaldada por 267 votos frente a 116, avanza con fuerza pese a las duras críticas de ambientalistas y miembros del gabinete presidencial. Amazonas en riesgo: Congreso de Brasil aprueba ley que flexibiliza licencias ambientales.
El Senado ya había aprobado la medida. Ahora solo falta que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decida sancionarla o vetarla. La aprobación ocurre a pocos meses de la COP30, cumbre climática global que se celebrará en noviembre en Belém, en plena Amazonía brasileña.
El texto permite a empresas iniciar construcciones sin fiscalización previa si se acogen a las nuevas Licencias por Adhesión o Compromiso, las cuales se basan únicamente en una autodeclaración. También establece una Licencia Especial que elimina etapas del proceso ambiental si así lo considera el Poder Ejecutivo.
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El sector agropecuario calificó la ley como necesaria para «destrabar» proyectos productivos y modernizar la infraestructura nacional. Varios congresistas de derecha insistieron en que la medida reduce la burocracia y estimula la economía.
“Una ley que no se moderniza retrasa al país”, declaró Marcel van Hattem, del partido Novo. Por su parte, Zé Vitor (Partido Liberal) defendió que la norma «da garantías a los emprendedores».
En contraste, organizaciones como Greenpeace Brasil rechazaron la reforma y advirtieron que el Congreso dejó sin protección a comunidades vulnerables. “Permiten que grandes empresas se autodeclaren aptas para construir sin inspección ni consulta a los afectados”, afirmó Gabriela Nepomuceno, especialista en políticas públicas.
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Lula enfrenta presión para vetar el proyecto
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, lamentó la decisión y advirtió que la ley “desmantela” el sistema de licencias del país. Aunque Lula puede vetar el proyecto parcial o totalmente, el Congreso tiene la facultad de anular su decisión con una mayoría absoluta.
Además del conflicto interno, Lula enfrenta críticas internacionales. Parlamentarios de la Unión Europea habían pedido al Congreso suspender el proyecto, por el impacto que podría generar sobre los compromisos ambientales de Brasil.
Con la COP30 a la vista, el gobierno brasileño deberá decidir si refuerza sus credenciales ecológicas o si cede ante la presión del lobby agroindustrial, en un contexto donde el mundo observa cada paso que dé el país anfitrión de la próxima cumbre climática.
