En una decisión sin precedentes en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002‑2010) fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso por manipulación de testigos que se arrastra desde 2012.
La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, dictaminó además una multa equivalente a unos 2.400 salarios mínimos, aproximadamente más de 822.000 dólares, y lo inhabilitó por más de ocho años para ejercer cargos públicos. Por su edad (73 años), se le otorgó la posibilidad de cumplir la condena en arresto domiciliario, bajo la premisa de que existe riesgo de fuga y afectación del orden social.
Pese al respaldo al sistema judicial expresado oficialmente, el partido Centro Democrático, fundado por Uribe, denunció lo que considera una «condena política» y anunció una movilización nacional para el 7 de agosto de 2025, bajo el lema «Marchamos por Álvaro Uribe, por la democracia y las libertades». La marcha coincidirá con la celebración del Día de la Independencia y el inicio del último año del gobierno de Gustavo Petro, dándole un cariz simbólico y estratégico de cara a las elecciones de 2026.
Los familiares de Uribe, incluyendo a sus hijos, denunciaron irregularidades en el proceso. Tomás Uribe señaló que los metadatos de la sentencia sugieren que el documento no sería original, mientras que Jerónimo Uribe advirtió que el presidente Petro estaría construyendo un «Estado narcosocialista» para neutralizar a la oposición.
La defensa legal, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentó una acción de tutela argumentando violaciones al debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad humana, además de anunciar una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá con fecha límite alrededor del 15 de octubre de 2025.
El fallo, calificado por algunos como el «juicio del siglo» en Colombia, marca la primera vez en la historia moderna del país que un expresidente recibe condena penal efectiva. La situación ha polarizado al país, con seguidores de Uribe denunciando «lawfare» y sectores alineados con el Pacto Histórico celebrando una victoria en favor de la justicia y la rendición de cuentas.
