El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá Córdoba ha superado los 30.299 millones de pesos en menos de dos años, según documentos oficiales de la Consejería de Paz. Aunque las negociaciones comenzaron el 13 de octubre de 2023, los avances siguen siendo limitados, lo que ha desatado críticas sobre la efectividad de los diálogos.
Actualmente se han desarrollado siete ciclos de negociación, el más reciente en Campo Hermoso, San Vicente del Caguán. A pesar de los señalamientos que vinculan a alias Calarcá con el asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia, el excombatiente continúa participando como negociador, una decisión que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
Costos del proceso
Los recursos invertidos se han distribuido entre la mesa de negociación y el mecanismo de monitoreo. Entre los rubros más elevados se encuentran:
- Honorarios: cerca de 5.500 millones de pesos
- Medidas de protección para negociadores del Gobierno y de las disidencias: 5.967 millones
- Tiquetes y transporte aéreo: más de 6.600 millones
En el marco de la política de “paz total”, el Estado ha destinado 84.816 millones de pesos a los nueve procesos activos, cifra que ha sido objeto de debate público.
Críticas y preocupación territorial
Diversos sectores señalan que el problema no radica únicamente en el monto invertido, sino en la manera en la que estos recursos están siendo utilizados mientras persisten hechos de violencia en varias regiones del país. Organizaciones sociales y analistas afirman que las comunidades no han percibido mejoras sustanciales en seguridad, pese al esfuerzo financiero del Estado.
El Gobierno, por su parte, insiste en mantener los diálogos como una apuesta fundamental para desescalar la confrontación armada y avanzar hacia la consolidación de la paz en los territorios.
