Las Altas Cortes expresaron a través de una carta, su desacuerdo con la idea de crear una Corte Agraria asegurando que para implementar la Jurisdicción Agraria, la cual está en discusión en el Congreso, es innecesario implementar una nueva alta corte.
Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia Fernando Castillo, del Consejo de Estado Jaime Enrique Rodríguez y del Consejo Superior de la Judicatura Aurelio Rodríguez, pidieron a la Comisión Primera no aprobar la iniciativa.
Lo anterior se da con el argumento de que muchas de las funciones que se implementarían en la Jurisdicción Agraria ya se ejercen en el momento la Sala Civil de la Corte Suprema y en el Consejo de Estado.
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Por el contrario, los presidentes de las Altas Cortes hicieron una nueva propuesta pues, afirman que es indispensable poner en marcha el sistema especial de justicia para la resolución de los conflictos de tierras y la protección de los derechos de propiedad en áreas rurales.
«Esta justicia sólo se concretará y será posible con una base judicial sólida de juzgados y tribunales especializados y dedicados exclusivamente a dirimir los conflictos de tenencia, usos y propiedad de las tierras”. Comunicado oficial de las Altas Cortes.
Para los magistrados es mucho más importante crear cargos de jueces y magistrados que implementar todo un nuevo sistema.
“Esta es la única forma de dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales, mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera Jurisdicción Agraria requerida por los habitantes de la mayor parte del territorio nacional, azotados por la violencia y la problemática de la tierra”, se afirma en el comunicado.
Para las Altas Cortes es necesario que sea suprimido el artículo 116 que debe ser creado por la Corte y que en su lugar fue implementado uno nuevo que compite con la Corte Suprema sobre el tribunal de la Jurisdicción Agraria y Rural.
“En consecuencia, la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales ofrece la respuesta judicial eficaz y efectiva adecuada al compromiso de justicia agraria”, señala la carta.
Lo que se propone es que el Consejo Superior de la Judicatura implemente de manera gradual y dentro de los seis meses siguientes a la promulgación, “la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales en la jurisdicción ordinaria”.
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