La reciente denuncia del abogado Felipe Ramírez, quien representa legalmente a Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, ha generado controversia en torno a las condiciones de reclusión del detenido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá.
Según el jurista, su cliente estaría siendo víctima de malos tratos y vulneración de sus derechos humanos mientras permanece bajo custodia de las autoridades policiales.
Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por este medio indicaron que Marín Silva, considerado uno de los criminales más peligrosos del Valle del Cauca, estaría utilizando estos señalamientos como parte de una estrategia de manipulación para lograr su traslado a otro centro de detención.
Entre las tácticas utilizadas, de acuerdo con los informantes, se encuentran la negativa a recibir alimentos, una breve huelga de hambre y el rechazo a recibir medicación, acciones que estarían dirigidas a generar presión institucional y mediática.
Las autoridades aseguraron que, tras un análisis médico y psicológico realizado al detenido, no se encontraron signos de maltrato físico ni afectaciones graves a su salud, lo que respalda la versión oficial de que no existe abuso por parte del personal policial.
Alias ‘Pipe Tuluá’ es señalado de ser cabecilla de estructuras criminales vinculadas a homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado en el Valle del Cauca, y ha sido objeto de investigaciones y seguimientos durante más de una década.
Su captura representó un golpe significativo para las autoridades del suroccidente colombiano, por lo que su permanencia bajo estrictas medidas de aislamiento ha sido considerada esencial para evitar riesgos operativos y de seguridad.
“El aislamiento en el que se encuentra no es castigo, sino una medida preventiva necesaria dadas sus características de peligrosidad y comportamiento violento dentro de centros de reclusión anteriores”, señaló una fuente cercana a la investigación.
En respuesta a la denuncia del abogado Ramírez, voceros oficiales aseguraron que se han seguido todos los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y que cualquier irregularidad será revisada, pero sin ceder a presiones externas.
Hasta el momento, el traslado de Marín Silva no está contemplado y se mantienen las condiciones actuales de reclusión bajo supervisión constante de personal médico, jurídico y de derechos humanos.
Organismos de control y defensores públicos han sido notificados para que puedan verificar directamente las condiciones del detenido y garantizar el cumplimiento de la ley sin vulnerar los procedimientos institucionales.
En redes sociales, la polémica también ha suscitado opiniones divididas entre quienes exigen garantías procesales para alias ‘Pipe Tuluá’ y quienes consideran que su historial criminal no puede ser excusa para deslegitimar las acciones policiales.
Cabe recordar que Marín Silva ha intentado en el pasado obtener beneficios judiciales y trasladados argumentando condiciones de salud o amenazas, sin que se haya comprobado la veracidad de dichas solicitudes.
Las autoridades insistieron en que, en este caso, no permitirán que la estrategia del detenido desestabilice los protocolos de seguridad, y reiteraron su compromiso con la legalidad, los derechos humanos y la lucha contra el crimen organizado.
Mientras tanto, la denuncia continuará su curso ante las instancias correspondientes y se espera que los informes oficiales definan si hubo o no irregularidades en el trato al recluso, aunque todo indica que se trataría de una maniobra para evadir el régimen estricto de aislamiento.
