Qué se acusa exactamente
Nueva imputación por terrorismo
La Fiscalía de Bogotá ha imputado a alias Gabriela el delito de terrorismo, por su presunta participación en un plan para detonar un explosivo en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá.
Según la investigación, el hecho habría ocurrido el 3 de junio.
Rol de Gabriela en la logística
Se le atribuye haber asumido tareas logísticas: hacer vigilancias en el sitio escogido, coordinar con otras personas y manejar el explosivo por su cuenta.
Según la Fiscalía, Gabriela recibió una “bomba tipo lapa” junto con un detonador, la transportó y se la entregó a un adolescente, que sería quien debía colocarla.
El plan no se concretó porque el menor, al notar presencia policial, desistió de montar el explosivo
Relación con el magnicidio de Miguel Uribe
Gabriela ya estaba detenida por su presunta participación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio.
En ese caso, la Fiscalía dice que ella transportó un arma (una pistola tipo Glock) y la entregó a otros implicados para que el menor armado disparara.
Además, se dice que está vinculada a una estructura criminal llamada “Plata o Plomo”, que se dedicaría al narcomenudeo y homicidios selectivos.
Medida judicial
Un juez ya dictó medida de aseguramiento para Gabriela: está detenida en un centro carcelario.
Fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
Su versión
Gabriela ha declarado que en el caso del magnicidio le “obligaron” a actuar: dice que fue “de pantalla”, es decir, que su papel era más de fachada que de liderazgo.
Asegura que fue amenazada, según sus declaraciones.
Importancia y consecuencias
Este nuevo cargo agrava mucho la situación legal de Gabriela: no solo se le imputa por homicidio y tráfico de armas, sino también por terrorismo, lo cual implica penas más severas.
Reforza la tesis de que el grupo detrás del magnicidio de Uribe podría tener una estructura criminal más grande y compleja, con planes de violencia más allá del asesinato.
También pone en evidencia el uso de menores de edad en estas acciones, lo que añade un componente muy preocupante en términos de derechos humanos y criminalidad organizada.
Políticamente, el caso está muy cargado: un magnicidio + un atentado frustrado + posibles implicaciones de redes más grandes podrían tener un gran impacto en la estabilidad institucional y la percepción pública.
