La Procuraduría abrió investigación previa contra el ministro de Interior, Alfonso Prada, por la retención que sufrieron alrededor de 79 policías en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán (Caquetá). Su cartera lideraba las negociaciones con las comunidades campesinas que protestaban frente a la sede de Emerald Energy, manifestación que se tornó violenta el 2 de marzo a pesar de las advertencias que había hecho el Ministerio Público de los riesgos que se corrían.
Justamente este fin de semana Alfonso Prada levantó polémica tras decir que la retención de los uniformados no fue un secuestro, sino un “cerco humanitario”. Según dijo, “hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social y que esa movilización social hizo un cerco humanitario de la institución policial y de la empresa”. Supuestamente, se respetó y protegió la vida de los uniformados y los trabajadores, además de que, con la retención, dijo él, se evitaron enfrentamientos.
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No obstante, la investigación disciplinaria contra Alfonso Prada se da porque, al parecer, Prada no atendió las alertas que habían enviado al Ministerio del Interior tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo.
Al menos desde el 20 de febrero, la procuradora regional de Caquetá, Kendy Turner, le escribió a la viceministra de Diálogo Social, Lilia Solano, y al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, pidiendo que el gobierno tomara medidas para que las protestas no escalaran.
En la carta que la procuradora Turner firmó junto al defensor regional del Pueblo, Edwin Fabián Leal, exponían las preocupaciones que les generaba el bloqueo de la planta de Emerald Energy.
Por ejemplo, explicaron el descontento que había entre las comunidades campesinas por la presencia de la Policía en el lugar. A pesar de que se trataba de la recién creada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (que reemplazó al Esmad), los manifestantes estaban inconformes.
Además, explicaba que los campesinos que participaban de la protesta no veían como interlocutor válido a los voceros que había enviado el Gobierno, a la vez que se esperaba la llegada de aún más personas que se sumarían a la protesta.
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En los días siguientes, la viceministra Solano pospuso una cita que había acordado con las comunidades, sí llegaron más manifestantes y la protesta, tal y como había advertido la Procuraduría, escaló.
En consecuencia, un policía y un campesino murieron en los enfrentamientos en hechos que aún están siendo investigados. Los manifestantes rodearon a los policías, los hicieron sentarse en el piso y los tuvieron retenidos por más de un día. Les dieron comida y agua, hasta que por intermediación del Gobierno y el Ministerio Público fueron liberados.
