En un reciente comunicado de prensa, Delcy Isaza, representante conservadora, hizo un fuerte llamado de atención a sus colegas de la Cámara de Representantes sobre las implicaciones de las desfinanciaciones en el Presupuesto General de la Nación. Durante la discusión en la comisión primera, Isaza centró su crítica en el incumplimiento del gobierno para asignar los recursos necesarios para los planes de desarrollo con enfoque territorial y la jurisdicción agraria. Además, destacó la amenaza que esto representa para la autonomía y el funcionamiento de la Registraduría General de la Nación.
Isaza enfatizó que la disminución del presupuesto destinado a uno de los pilares del gobierno nacional, los acuerdos de paz, es alarmante. “Estamos hablando de una desfinanciación de más de 10 billones de pesos en aspectos cruciales para el cumplimiento de los acuerdos. Se ha creado la ilusión en más de 160 municipios PDET de que recibirán apoyo para financiar sus planes de desarrollo, pero estos fondos no están contemplados en el presupuesto general”, afirmó la representante tolimense.
En su papel como ponente de la Jurisdicción Agraria, Isaza subrayó su compromiso con la creación de esta instancia, pero expresó su preocupación al no encontrar en el presupuesto nacional los recursos necesarios para su funcionamiento. “Con tristeza debo decir que el Gobierno nos está dejando desfinanciada la oportunidad de llevar jueces y tribunales a resolver la problemática de tierras. No podemos permitir que regresen las estructuras de los años ochenta, cuando el campo necesitaba soluciones que no se estaban proporcionando”, agregó.
Respecto a la propuesta del gobierno para recortar en un 70 por ciento los recursos de la Registraduría, Isaza instó a sus compañeros de la Comisión Primera a firmar una proposición para no solo restituir el presupuesto de esta entidad, sino también garantizar su autonomía y, por ende, la democracia en el país. Con este llamado, la representante busca asegurar que las instituciones encargadas de proteger los derechos democráticos en Colombia cuenten con los recursos necesarios para cumplir con su labor.
