La Fundación para la Promoción y Defensa de los Derechos Colectivos (Funprodeco) lanzó una advertencia pública sobre lo que considera una posible estrategia de manipulación mediática y judicial orientada a afectar la imagen de Ecopetrol, una de las compañías más estratégicas para la economía del país.
Según explicó Hermann Gustavo Garrido Prada, director ejecutivo de la fundación y veedor del sector minero-energético, en los últimos días se ha detectado un patrón inusual que incluye la radicación de una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la Nación, seguida de una aparente campaña de distribución masiva del contenido de esa denuncia a través de cadenas de WhatsApp enviadas a empleados de Ecopetrol y periodistas.
“Respetamos el derecho a denunciar, incluso de forma anónima, pero nos preocupa que este tipo de acciones puedan convertirse en herramientas de presión mediática sin verificación técnica ni judicial”, afirmó Garrido. Según Funprodeco, este tipo de actuaciones podrían estar motivadas por intereses particulares ajenos a la búsqueda de la verdad.
La fundación también llamó la atención sobre el tono con el que se estaría promoviendo el contenido de la denuncia, que parecería buscar la reivindicación pública del señor Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol —filial de Ecopetrol—, quien salió de la presidencia en medio de un escándalo relacionado con la adjudicación de un contrato millonario de interventoría, presuntamente sin los soportes técnicos requeridos.
“Aún no hay claridad sobre los avances en esa investigación, que sí cuenta con elementos probatorios. Sin embargo, ahora vemos un intento por desviar la atención hacia narrativas anónimas, lo que resulta preocupante”, agregó el veedor.
Funprodeco instó a las autoridades —incluyendo a la Fiscalía General, la Procuraduría y demás órganos de control— a actuar con independencia, evitar interferencias externas y no permitir que la justicia sea instrumentalizada para defender intereses privados o generar cortinas de humo frente a hechos que requieren una respuesta institucional seria.
“Colombia necesita instituciones fuertes y una justicia que no se distraiga con campañas anónimas. Es fundamental garantizar investigaciones objetivas y avanzar en casos donde ya existen pruebas sólidas”, concluyó Garrido.
