El personero municipal de Florencia, Jorge Luis Lara, lanzó una fuerte alerta sobre la crítica situación de hacinamiento que enfrentan los centros de detención de la capital del Caquetá. Según denunció el funcionario, algunas celdas diseñadas para alojar un máximo de seis personas actualmente albergan hasta 30 detenidos, lo que representa una grave vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Durante una reciente visita de verificación a las instalaciones de la estación de Policía y otros centros transitorios de detención, el personero evidenció condiciones insalubres, falta de espacio para dormir, ventilación deficiente y problemas en el acceso a servicios básicos como agua potable y atención médica. “Estamos frente a una verdadera crisis humanitaria. Estas personas están viviendo en condiciones inhumanas, en espacios reducidos, con calor extremo y sin garantías mínimas para su dignidad y salud”, señaló Lara, quien pidió la intervención inmediata de las autoridades competentes.
Responsabilidad
El personero también responsabilizó al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por el abandono del sistema carcelario, especialmente en regiones apartadas como Caquetá. Aseguró que la falta de inversión, la ausencia de infraestructura adecuada y el uso permanente de centros de detención transitorios como cárceles ha llevado al colapso del sistema.
No son cárceles
“Las estaciones de Policía no están diseñadas para funcionar como cárceles. Son lugares provisionales para retenciones breves, no para albergar personas durante semanas o meses. Esta improvisación está generando consecuencias gravísimas”, advirtió. Además de alertar sobre el riesgo de enfermedades, motines y violaciones a los derechos humanos, Lara recordó que existen fallos de la Corte Constitucional que ordenan la superación del hacinamiento carcelario en Colombia, y que siguen sin cumplirse de forma efectiva.
Medidas
Ante esta situación, el personero municipal hizo un llamado urgente al Ministerio de Justicia, al INPEC, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que se adopten acciones inmediatas. Entre las medidas que propuso se encuentra el traslado de los detenidos a centros carcelarios con capacidad disponible, el fortalecimiento de las medidas no privativas de libertad para delitos menores, y la adecuación de nuevos espacios para detención transitoria.
Finalmente, Jorge Luis Lara pidió al alcalde de Florencia y al gobernador del Caquetá asumir un rol activo frente a esta crisis, para evitar que la situación se agrave aún más y derive en hechos lamentables o en demandas contra el Estado por omisión. “El hacinamiento no es solo un problema carcelario, es un reflejo del abandono institucional y una bomba de tiempo para la seguridad y los derechos humanos”, concluyó.