El Concejo aprobaría los proyectos de acuerdo 768 y 769 del 2025 que comprometerían el futuro económico del municipio.
Redacción Extra
La Veeduría Ciudadana, acompañada de medios de comunicación locales, emitió una fuerte advertencia sobre lo que consideran un riesgo financiero para el municipio en caso de que el Concejo apruebe los proyectos de acuerdo No. 768 y 769 de 2025. Dichas iniciativas, que serán debatidas a partir del próximo 18 de septiembre en sesiones extraordinarias, han generado preocupación entre líderes comunitarios, quienes aseguran que comprometerían gravemente el futuro económico de la ciudad.
Planteamiento
El Proyecto de Acuerdo 768 plantea la posibilidad de comprometer vigencias futuras, lo que en la práctica significaría hipotecar recursos de administraciones municipales que aún no han iniciado. Según los denunciantes, esta medida dejaría amarrado el presupuesto de próximos gobiernos, limitando su capacidad de inversión en obras y programas prioritarios para la comunidad.
Por otra parte, el Proyecto 769 ha sido presentado como una adición presupuestal, pero de acuerdo con las veedurías, en realidad se trataría de un crédito por 20 mil millones de pesos destinado a la compra de un lote para proyectos de vivienda de interés social. Aunque la finalidad pueda parecer legítima, los críticos aseguran que la operación carece de estudios técnicos, claridad en los procesos y garantías de transparencia, lo que podría abrir la puerta a sobrecostos y decisiones poco responsables.
Los voceros ciudadanos señalaron que quienes voten a favor estarían avalando un endeudamiento disfrazado, constituyendo lo que califican como “un cheque en blanco” para la actual administración municipal. Advirtieron que la falta de información clara ante la ciudadanía constituye un engaño y exigieron a los concejales actuar con responsabilidad y transparencia frente a los intereses colectivos.
“Los concejales deben ser conscientes de que cada voto a favor de estos proyectos compromete el bienestar financiero de Acacías, no solo hoy, sino en los próximos años”, señaló un representante de la veeduría.
Llamado
Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a los entes de control, como la Contraloría, la Procuraduría y la Personería, para que investiguen la legalidad de los proyectos y determinen si cumplen con la Ley 819 de 2003, que regula la sostenibilidad fiscal en las entidades territoriales.
Finalmente, recordaron a la comunidad que la vigilancia ciudadana es clave para frenar decisiones que puedan hipotecar el futuro del municipio. Con pancartas y mensajes difundidos en redes sociales, varios colectivos han comenzado a movilizarse con el fin de exigir explicaciones claras al alcalde y al Concejo. La advertencia es contundente: los concejales que aprueben estos acuerdos deberán responder ante la ciudadanía por las consecuencias de sus decisiones.
