La Superintendencia de Notariado y Registro notificó a los notarios del país sobre un nuevo lineamiento: los dueños de predios rurales deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) antes de vender. Según la circular CIR-2025-000184-4, la ANT podrá ejercer un derecho preferente de compra en un plazo de 15 días hábiles, si el terreno se encuentra en zonas priorizadas para la reforma agraria. Alerta por decreto del Gobierno Petro: deberá avisar al Estado antes de vender su finca.
La medida, sustentada en el Decreto 033 de 2025, aplica inicialmente en departamentos como La Guajira, Córdoba y Sucre, pero se ampliará según el Ministerio de Agricultura. Esta intervención del Estado en el mercado inmobiliario rural generó un fuerte debate por su impacto en el derecho a la propiedad privada.
Reacciones: “¡Es el primer golpe a la propiedad privada rural!”
El exviceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, fue uno de los primeros en encender las alarmas. En su cuenta de X afirmó que la circular representa un “zarpazo a la propiedad privada”. Según Botero, esta norma convierte a la ANT en intermediario obligatorio en la venta de fincas, lo que frena la libre comercialización de la tierra.
La representante a la Cámara Katherine Miranda también criticó la medida y calificó de “enloquecido” al Gobierno Petro. Para ella, esta norma vulnera la libertad de los propietarios para decidir a quién venden sus tierras. “Un propietario de tierras decide cuándo y a quién le vende. Esto es un abuso inmenso”, sentenció.
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Expertos advierten riesgos; Alerta por decreto del Gobierno Petro: deberá avisar al Estado antes de vender su finca
El abogado y analista rural Enrique Herrera Araújo alertó sobre la falta de capacidad institucional de la ANT para responder en los plazos establecidos y advirtió que la norma podría abrir la puerta a la corrupción. “Esta resolución genera incertidumbre, frena la economía rural y puede dar lugar al chantaje o la extorsión si se filtra información sensible”, explicó.
Por su parte, el analista agropecuario Indalecio Dangond calificó la circular como una amenaza directa a la libertad individual. “La Constitución es clara: cada persona puede vender su predio a quien desee. Esta medida envía un mensaje de desconfianza y desincentiva la inversión rural”, afirmó.
La Superintendencia de Notariado respondió que la circular cumple con el decreto del Gobierno, no lo impone. Sin embargo, el debate sigue creciendo y deja una pregunta en el aire: ¿es esta una vía encubierta para avanzar en expropiaciones?
