Más de 1.100 personas están confinadas y al menos 147 familias han sido desplazadas por la violencia. La ONU alerta sobre riesgos a menores, afectaciones escolares y necesidades urgentes en seguridad alimentaria y salud.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA Colombia) emitió una Alerta por Situación Humanitaria para el Macizo Caucano, debido a los graves impactos causados por la incursión de un Grupo Armado No Estatal (GANE) en los municipios de Bolívar y Almaguer, al sur del Cauca.
Según el organismo internacional, el ingreso de este grupo armado ha provocado enfrentamientos y combates por el control territorial, intensificando el control social, la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos, así como amenazas contra líderes sociales y riesgos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en zonas rurales.
Las afectaciones reportadas por OCHA incluyen: Confinamiento del corregimiento de La Carbonera (Bolívar), Restricción de movilidad para 1.155 personas (231 familias) en La Carbonera y Lerma, desplazamiento de 88 personas desde Lerma a otros municipios, Confinamiento de 242 familias en Llacuanas, Altillo y Loma largo Bajo (Almaguer), Desplazamiento de 25 familias desde Bolívar a Popayán y 34 entre veredas de Almaguer, Accidente con mina antipersonal en Tarabita, Almaguer, que afectó a una menor, Desde el 11 de julio: 16 instituciones educativas afectadas, con 426 docentes y 860 estudiantes en riesgo de reclutamiento, En Mercaderes y Florencia, suspensión de clases en 4 instituciones por orden de actores armados.
La situación ha generado afectaciones masivas que, según OCHA, ponen en riesgo la vida, el bienestar y los derechos de miles de personas, incluyendo poblaciones indígenas y campesinas. Se han identificado necesidades urgentes en seguridad alimentaria, nutrición, salud, protección y atención humanitaria.
Organismos de derechos humanos y autoridades locales han hecho reiterados llamados al Gobierno Nacional para que intervenga de forma inmediata y garantice la protección de la población civil.
La violencia ha afectado el derecho a la educación de más de 1.200 personas entre docentes y estudiantes, y dejó herida a una menor por mina antipersonal.
