La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vuelve a estar en el centro del debate nacional. Esta vez, la advertencia viene directamente de la Contraloría General de la República, que señala una grave falta de recursos para ejecutar las decisiones judiciales, reparar a las víctimas del conflicto armado e implementar las sanciones propias dictadas por la jurisdicción.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que es responsabilidad directa del Gobierno Nacional garantizar la financiación necesaria para dar cumplimiento a las órdenes de la JEP, pues estas tienen carácter obligatorio:
“El Ministerio de Hacienda solo ha desembolsado $20.000 millones de los $500.000 millones que se requieren. Sin financiación, las sentencias no podrán cumplirse”, advirtió Rodríguez.
Más de 340.000 víctimas podrían quedarse sin reparación
Según cifras oficiales, más de 9.200 víctimas individuales y 340.000 personas reconocidas como sujetos colectivos esperan que el Estado ejecute los proyectos de reparación ordenados por la JEP. Sin embargo, la Contraloría advierte que presupuestalmente no existen los recursos suficientes para cubrir las TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador), fundamentales para resarcir el daño causado por el conflicto.
Además, el ente de control alertó que no hay claridad sobre la financiación futura de los proyectos que las entidades del Estado tienen definidos para implementar y ejecutar las sanciones propias contra los comparecientes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de justicia transicional.
Graves fallas de coordinación interinstitucional
La Contraloría también evidenció serias falencias en la articulación entre las entidades responsables de ejecutar las decisiones de la JEP. Esta falta de coordinación podría traducirse en una implementación ineficiente de las medidas ordenadas, afectando directamente los derechos de las víctimas y generando retrasos en los procesos de reparación.
“Si el Ejecutivo no garantiza la financiación y la coordinación administrativa, las decisiones de la JEP quedarán en letra muerta”, advirtió el contralor Rodríguez.
El reto del Gobierno Petro
La advertencia pone en aprietos al Gobierno Nacional, que enfrenta críticas por la falta de recursos y planificación para garantizar la ejecución de las decisiones judiciales. Para expertos, esta situación podría desatar una crisis en el sistema de justicia transicional y debilitar el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las FARC.
La Contraloría pidió al Ejecutivo tomar medidas urgentes para asegurar los recursos necesarios y evitar que miles de víctimas queden sin reparación.
