La disminución de los cultivos está trasladando a las estructuras criminales hacía negocios vinculados con extracción ilícita de minerales, con lo cual esta actividad criminal es el nuevo combustible de la expansión de los grupos armados ilegales, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación en Pasto, del informe Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal.
“Los grupos armados ilegales en Nariño se habían concentrado principalmente en el negocio de la coca. Llegó a ser el departamento con el mayor número de hectáreas de coca cultivada, sin embargo desde la Alerta Temprana 036 del 2020 de la Defensoría, la disminución en el precio de la coca y la expansión de las disidencias de las Farc en el territorio nariñense los llevó a interesarse en el negocio de la explotación de oro”, explicó Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo está construyendo el Observatorio de Derechos Humanos y Minería, y el informe servirá como primer aporte para el análisis de la minería ilegal, además de que será el punto de partida para ampliar la observación de los conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de esa actividad a nivel territorial.
La Defensoría advirtió en la Alerta Temprana de Inminencia 008 del 2024 la alianza entre el ELN, la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Nariño para combatir al Estado Mayor Central (también disidente de las Farc), ya que hay interés en el dominio de la zona del Triángulo del Telembí y la subregión de la cordillera nariñense, donde sus reportes indican que hay más de 200 máquinas de explotación criminal.
“Ha habido un aumento desbordado del reclutamiento de niñas y niños, situación que está exterminando a las comunidades indígenas de la región”, manifestó el Defensor. Se han aprovechado de la generosidad ciega e imprudente del Gobierno, añadió Camargo Assis, “para adueñarse de los territorios, disparando el desplazamiento de las familias campesinas y sometiendo al hambre y al terror a miles de comunidades confinadas. Mi mensaje es claro y contundente: los campesinos y los mineros artesanales y ancestrales deben ser protegidos”.
“El desplazamiento, que convierte a Nariño en el principal generador de víctimas, da cuenta de la expansión de los grupos al margen de la ley, razón por la que es necesario actuar con contundencia, para que no sigan acabando con la vida ni con la economía de la población” indicaron desde la Defensoría.
