Una creciente alarma se ha encendido en la frontera colombo-ecuatoriana, específicamente en el municipio de Ipiales, Nariño, ante la posibilidad de una deportación masiva de ciudadanos venezolanos actualmente detenidos en cárceles de Ecuador.
La advertencia fue hecha por el alcalde de la ciudad, Amílcar Pantoja, quien manifestó su preocupación por la falta de comunicación oficial y coordinación binacional frente a este posible operativo. Según indicó, los deportados podrían ser dejados directamente en el Puente Internacional de Rumichaca sin previo aviso ni protocolos claros de atención.
El mandatario local enfatizó que esta situación representaría un serio reto en términos de atención humanitaria, seguridad ciudadana y capacidad institucional. Ipiales, con una infraestructura limitada, no cuenta con los recursos necesarios para asumir de manera improvisada un flujo masivo de personas retornadas. Pantoja hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que emita un pronunciamiento formal y reactive un plan de contingencia en la zona.
Aunque las autoridades ecuatorianas aún no han confirmado oficialmente la medida, versiones preliminares apuntan a que la iniciativa buscaría aliviar el hacinamiento crítico en los centros penitenciarios del país vecino, en medio de una crisis generalizada de seguridad.
Esta acción, sin embargo, genera interrogantes sobre el cumplimiento de los principios del derecho internacional, en particular el de no devolución, que protege a personas en riesgo si regresan a su país de origen o son desplazadas sin garantías mínimas.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que cualquier proceso de deportación debe contemplar evaluaciones individualizadas, debido proceso y especial protección para personas en condición de vulnerabilidad.
Entre tanto, la comunidad local en Ipiales manifiesta preocupación por el impacto que esta situación pueda tener sobre los servicios básicos, como salud, albergue y asistencia alimentaria.
El silencio de la Cancillería colombiana, encabezada por Rosa Yolanda Villavicencio, ha generado aún más incertidumbre entre las autoridades territoriales. Líderes sociales y defensores de derechos humanos han instado al gobierno nacional a tomar acciones diplomáticas inmediatas para evitar una crisis desbordada en la frontera.
