El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué dejó en evidencia un incumplimiento que golpea directamente a la Administración Municipal.
En primera instancia, la Alcaldía de Ibagué fue condenada por no cumplir con el convenio interadministrativo 234 de 2015, firmado con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, relacionado con la construcción de placa huella en zonas rurales.
El proyecto, valorado en cerca de $925 millones, buscaba mejorar la movilidad interveredal mediante tramos en concreto. Sin embargo, solo alcanzó un avance aproximado del 76 %, lo que fue determinante para establecer el incumplimiento. Según la sentencia, el municipio no solo ejecutó de forma incompleta las obras, sino que también incumplió obligaciones administrativas y financieras clave.
En medio de la controversia, la ciudadanía espera respuestas claras de la administración local, encabezada por la alcaldesa Jhoana Aranda, sobre cómo enfrentará este fallo que compromete las finanzas municipales y deja en entredicho la gestión de los convenios.
El despacho judicial ordenó hacer efectiva la cláusula penal del contrato de manera proporcional, dispuso el reintegro de más de $332 millones y ordenó la liquidación judicial del convenio.
Durante el proceso, la defensa del municipio argumentó que los recursos sí fueron utilizados en la obra y que los retrasos obedecieron a factores externos como condiciones climáticas y problemas con la interventoría. No obstante, el juzgado concluyó que estas circunstancias no eximen a la entidad territorial de su responsabilidad contractual.
La decisión, adoptada el 19 de enero y adicionada el 12 de febrero, será revisada por el Tribunal Administrativo del Tolima tras el recurso de apelación presentado por ambas partes.
