Johana Aranda deberá responder por denuncias de agua contaminada en la Arboleda.
Una nueva tormenta política y ambiental se desató en Ibagué tras conocerse un fallo judicial que ordena a la alcaldesa Johana Aranda pronunciarse oficialmente sobre las denuncias de posible manipulación de resultados en la calidad del agua suministrada en la Arboleda del Campestre. El caso, denunciado por el colectivo Memorial Ciudadano, ha generado conmoción al revelar presuntas irregularidades en la potabilización del recurso hídrico.
El proceso judicial inició luego de que el colectivo, conformado por profesionales de distintas áreas, advirtiera que el agua distribuida no cumplía los estándares exigidos por el Decreto 1076 de 2015, poniendo en riesgo la salud de cientos de familias. La controversia se originó al descubrir que el proyecto habitacional fue comercializado con la promesa de recibir agua del Acueducto Complementario, el cual no estaba en funcionamiento al momento de la entrega de los apartamentos.
La constructora habría implementado una conexión temporal con dos fuentes: la PTAP del IBAL en La Pola y otra en la propia Arboleda del Campestre. Esta última fue objeto de múltiples cuestionamientos cuando los residentes denunciaron olores desagradables y afectaciones de salud. El colectivo halló que no existía un mapa de riesgo, documento obligatorio para identificar la aptitud del agua captada.
Posteriormente, un informe del laboratorio Analquim, contratado por Hydrochemical, reveló que el agua proveniente del río Combeima superaba los niveles de contaminación permitidos. Sin embargo, Memorial Ciudadano denunció que los resultados habrían sido modificados para mostrar cumplimiento normativo, generando una “triangulación” de información que podría configurar un delito ambiental y de salud pública.
El silencio de la administración municipal llevó a los denunciantes a interponer una tutela por vulneración del derecho de petición. En primera instancia, el Juzgado Quinto Penal Municipal responsabilizó solo al IBAL, pero luego, el mismo El Juzgado Quinto, en fallo del 7 de octubre de 2025 determinó que la alcaldesa Johana Aranda debía pronunciarse de fondo en un plazo máximo de 48 horas, en cumplimiento de la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios. La mandataria deberá responder sobre las presuntas irregularidades en el sistema de abastecimiento y las medidas adoptadas para proteger la salud pública de los ibaguereños.
