La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía de Cali por presuntos cobros ilegales. Según el comunicado oficial, algunos contratistas denunciaron que ciertos coordinadores exigían hasta el 40 % de sus salarios para conservar sus empleos. Alcaldía de Cali enfrenta señalamientos por presuntos cobros a contratistas.
Las denuncias mencionan transferencias digitales realizadas por plataformas como Nequi, supuestamente dirigidas por intermediarios que operaban dentro de la administración distrital. Además, los denunciantes afirmaron haber recibido amenazas de ser incluidos en una “lista roja” si se negaban a pagar.
La Procuraduría busca confirmar la veracidad de los hechos, identificar a los implicados y establecer si existió una estructura corrupta con fines políticos dentro del gobierno local.
La Alcaldía de Cali responde con firmeza: actúa Fiscalía y se activan protocolos internos
La respuesta de la administración de Alejandro Eder llegó rápido. El secretario de Gobierno, Diego Hau Caicedo, aseguró que la Alcaldía actuó desde el primer momento en que conocieron las denuncias a través de redes sociales y derechos de petición.
“La directora del Departamento de Contratación Pública interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía. Desde entonces colaboramos activamente con las autoridades”, afirmó Hau.
La Alcaldía rechazó cualquier práctica de corrupción y ratificó su compromiso con la transparencia. Según la Administración Distrital, también activaron mecanismos internos desde varias dependencias como la Oficina de Transparencia y el Departamento de Control Interno Disciplinario.
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Medidas institucionales buscan frenar posibles redes corruptas; Alcaldía de Cali enfrenta señalamientos por presuntos cobros a contratistas
La Administración Municipal desplegó una serie de acciones preventivas para asegurar el manejo correcto de los recursos públicos. Implementaron controles internos, tanto correctivos como anticipativos, para evitar la repetición de estos hechos.
El alcalde Eder ha sido claro desde el inicio de su mandato: no tolerará actos de corrupción. La situación actual representa un reto para su gestión, que busca recuperar la confianza de la ciudadanía en el aparato público de Cali.
Las investigaciones seguirán su curso en la Fiscalía y la Procuraduría, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan.
