La controversia que rodeaba a la actual procuradora provincial de Neiva, Andrea Carolina Ibarra, llegó a su fin con una decisión inhibitoria adoptada por la Oficina de Control Interno Disciplinario Ad Hoc de la Alcaldía. El proceso, radicado bajo el número 030-2025, fue interpuesto por Félix María Medina Valderrama y otros ciudadanos, quienes señalaban a Ibarra de presunto abuso de autoridad y extralimitación de funciones cuando se desempeñó como directora de Justicia del municipio.
El fallo, emitido por el jefe de la Oficina, Juan Enrique González Urquijo, concluyó que no existían elementos de juicio que permitieran abrir una investigación disciplinaria formal. De acuerdo con el funcionario, “tras revisar las pruebas y las actuaciones realizadas, no se evidenció ningún comportamiento irregular o que vulnerara la función pública”.
La decisión también favorece a Danian Sogamoso Arias, actual titular de la oficina de Control Interno, quien había sido mencionado dentro del mismo expediente. Con esta determinación, las diligencias quedaron oficialmente archivadas, cerrando así un capítulo que había generado tensión al interior de la administración local.
Resolución
Aunque la decisión fue celebrada por sectores cercanos a la funcionaria, otros actores políticos y ciudadanos mostraron escepticismo, considerando que el archivo podría responder más a conveniencias institucionales que a una verdadera claridad jurídica. “Cuando se trata de revisar actuaciones de altos funcionarios, la independencia del proceso es fundamental”, señaló un concejal de oposición, cuestionando el papel de las instancias internas de la Alcaldía.
No obstante, González Urquijo insistió en que el procedimiento se realizó con plena transparencia y bajo los lineamientos legales correspondientes. “No hay lugar a dudas sobre la objetividad del fallo. Las pruebas fueron analizadas de forma técnica y sin sesgos”,
Con esta decisión, Andrea Carolina Ibarra sale fortalecida políticamente, pues el archivo de la queja despeja su panorama en la Procuraduría Provincial, donde actualmente ejerce sus funciones. Desde su llegada, la funcionaria ha mantenido un perfil de rigor disciplinario, aunque no exento de controversias.
La resolución pone punto final, al menos en el ámbito administrativo, a un proceso que pretendía cuestionar su proceder durante su paso por la Alcaldía. Sin embargo, en los círculos políticos locales, el caso deja abierta una reflexión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar que la transparencia institucional no dependa de quién ostente el poder.
