Diana Magaly Caro enfrentó una investigación disciplinaria por retrasos salariales.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra la alcaldesa del municipio de Santa Isabel, Diana Magaly Caro Galindo, quien ejerce el periodo 2024–2027 y es familiar del representante Gerardo Yepes Caro. La medida se tomó tras denuncias ciudadanas que señalaron demoras en el pago de salarios y prestaciones sociales a funcionarios de la administración municipal, situación que generó inconformidad y preocupación en la comunidad.
La investigación no solo involucra a la actual mandataria, sino también a otros actores de la administración. Entre ellos figuran la secretaria de Hacienda, Laura Valentina Díaz Castellanos; el exalcalde Rodolfo Andrés López Sierra, quien gobernó entre 2020 y 2023; y las exsecretarias de Hacienda Yenny Paola Salinas Reyes, en funciones durante 2023, y Sandra Milena Camelo Rodríguez, quien ocupó el cargo en 2024. Todos fueron vinculados por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos destinados a obligaciones laborales.
La queja ciudadana que originó la actuación disciplinaria advertía la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023. Además, se mencionaban primas, bonificaciones y subsidios que habrían sido reconocidos oficialmente como cuentas por pagar del municipio, pero que no se cancelaron en los tiempos establecidos.
Según la Procuraduría, estos hechos podrían constituir una omisión en el cumplimiento de deberes funcionales, especialmente en lo que respecta a la gestión fiscal, presupuestal y financiera. La entidad señaló que la adecuada priorización de los recursos públicos es fundamental para garantizar el pago oportuno de las acreencias laborales, y que cualquier incumplimiento afecta directamente la confianza en la administración.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas para determinar si existían recursos disponibles y si estos fueron utilizados conforme a la ley. El proceso busca establecer responsabilidades individuales y definir si hubo negligencia o falta de planeación en la administración de los fondos.
La apertura de esta investigación disciplinaria se convirtió en un tema de conversación en Santa Isabel y en el departamento del Tolima, pues involucra a figuras políticas de distintos periodos. La ciudadanía espera que se esclarezcan los hechos y que se garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales, ya que los funcionarios afectados reclaman justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
