Consuelo Avilés enfrenta investigación disciplinaria por controvertida designación municipal.
Un nuevo frente disciplinario sacude la administración municipal de Suárez, Tolima, tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de formular cargos contra la alcaldesa Consuelo Avilés Aldana, señalada de haber incurrido en presuntas irregularidades durante un nombramiento clave dentro de su equipo de gobierno. El caso, que ya fue trasladado al despacho de juzgamiento correspondiente, abre un capítulo sensible sobre el manejo del talento humano y el cumplimiento estricto de los requisitos legales en cargos públicos.
Según el ente de control, la mandataria habría designado como secretario de Desarrollo Social a un funcionario que no cumplía con la experiencia profesional exigida por la normativa vigente. Dichos requisitos contemplan trayectoria comprobada en áreas sociales específicas, indispensables para liderar políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables y programas comunitarios.
Las averiguaciones preliminares indican que la persona nombrada únicamente acreditó formación académica como contador público, así como una experiencia laboral que no guardaba relación directa con las funciones asignadas al despacho social. Para la Procuraduría, esta situación habría vulnerado principios básicos de la función administrativa, especialmente aquellos relacionados con mérito, idoneidad y responsabilidad. La actuación disciplinaria no se limita a la alcaldesa. En el expediente también figuran el entonces secretario de Desarrollo Social, Cristian Camilo Suárez Briñez, señalado por presunta falta de idoneidad, y el secretario general del municipio, José Olimpo Suárez, cuestionado por certificar el cumplimiento de condiciones que, al parecer, no se ajustaban a la realidad.
De acuerdo con la calificación provisional, la conducta atribuida a la alcaldesa y al secretario general fue catalogada como falta grave cometida con culpa gravísima, mientras que la del secretario de Desarrollo Social fue considerada falta grave a título de culpa grave. Estas valoraciones serán determinantes en la fase de juzgamiento.
El proceso disciplinario continuará en manos del despacho competente, instancia que deberá analizar pruebas, descargos y certificaciones aportadas por las partes involucradas. Solo al final de este trámite se conocerá si existen méritos suficientes para imponer sanciones, que podrían ir desde suspensiones hasta eventuales inhabilidades. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate ciudadano acerca de la transparencia en la administración pública local y la necesidad de respetar los perfiles técnicos establecidos por la ley. Para diversos sectores, el caso de Suárez se convierte en un llamado de atención sobre la vigilancia institucional y el control oportuno de las decisiones que impactan directamente a las comunidades afectadas.
