Presuntas irregularidades en subsidios públicos y posible desvío de recursos
El alcalde de La Plata, Camilo Ospina, se encuentra en el ojo del huracán debido a recientes decisiones que han generado malestar en la comunidad. A finales del año pasado, el Concejo Municipal aprobó un acuerdo para aumentar los subsidios en acueducto, aseo y alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3, beneficiando a la población más vulnerable. Sin embargo, el alcalde no aceptó dicha medida y decidió demandar el acuerdo ante el Tribunal Administrativo del Huila, argumentando presuntas irregularidades en el proceso y afectaciones presupuestales a largo plazo. Esta acción generó desconcierto entre los concejales y la ciudadanía, quienes consideraron que se estaba priorizando una visión administrativa sobre el bienestar social.
Decisión polémica y consecuencias
La negativa del alcalde no quedó allí. Mientras el Tribunal resuelve el caso, Ospina tomó la decisión de suspender los subsidios, lo que provocó un incremento de casi el 50% en el valor de las facturas de las Empresas Públicas Municipales. Esta medida ha golpeado directamente a las familias de bajos recursos, generando indignación y protestas en distintos sectores del municipio. Las quejas no se hicieron esperar y, en redes sociales, surgieron campañas ciudadanas exigiendo la restitución inmediata de los beneficios.
«Es inaudito que, en lugar de apoyar a los más necesitados, se tomen decisiones que afectan su economía», expresó un líder comunitario que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias. La comunidad ha manifestado su preocupación ante la falta de diálogo con la administración municipal y ha solicitado mesas de concertación para buscar alternativas que mitiguen el impacto económico.
Sospechas de intereses políticos
Además de la controversia por los subsidios, surgen versiones que apuntan a posibles intereses políticos detrás de estas decisiones. Se rumorea que el alcalde Ospina estaría impulsando la candidatura de un aliado cercano para la Cámara de Representantes, lo que ha desatado sospechas sobre el uso indebido de recursos públicos en proselitismo electoral. Vecinos y líderes comunales han denunciado una aparente vinculación entre funcionarios de la administración y eventos proselitistas que se estarían financiando con recursos municipales.
«Es preocupante que el dinero de los plateños termine financiando campañas políticas en lugar de atender las múltiples necesidades del municipio», afirmó un concejal opositor, quien anunció que solicitará una investigación formal a los entes de control para determinar si existe una relación entre las decisiones administrativas y los presuntos intereses electorales.
Impacto en la comunidad y próximos pasos
Mientras tanto, los habitantes de La Plata sienten el impacto directo en sus bolsillos y exigen una pronta solución. Organizaciones civiles han solicitado al Tribunal Administrativo del Huila que resuelva el caso con celeridad y defina si el acuerdo aprobado por el Concejo debe ser respetado. Los ciudadanos esperan que el fallo del Tribunal se base en criterios sociales y económicos que consideren la vulnerabilidad de las familias afectadas. Por su parte, la Contraloría ha anunciado que investigará las finanzas de las Empresas Públicas Municipales para determinar si existen irregularidades.
