José Dayler Lasso enfrenta imputaciones por contratos irregulares de maquinaria pesada.
La polémica alcanzó al municipio de San Antonio, Tolima, luego de que la Fiscalía General de la Nación judicializara al alcalde José Dayler Lasso Mosquera y al secretario de Planeación, Miguel Andrés Capera Hernández, por presuntas irregularidades en un contrato de adquisición de llantas para maquinaria pesada. El caso, que se remonta a marzo de 2024, ha generado conmoción en la comunidad y pone en entredicho la transparencia de la administración local.
De acuerdo con el ente acusador, los funcionarios habrían favorecido a un consorcio conformado por los contratistas Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, adjudicando un contrato por más de 33 millones de pesos, pese a que la normativa de mínima cuantía solo permitía contratar hasta 29.978.789 pesos.
El material probatorio indica que una de las propuestas comerciales, con cotizaciones alteradas, habría sido elaborada por el secretario de Planeación y entregada a los contratistas. Según la Fiscalía, los valores consignados fueron modificados y una de las firmas no correspondía al proponente real. Además, se señaló que dicho documento nunca fue presentado formalmente ante la Alcaldía.
El alcalde, en su calidad de funcionario encargado de realizar la invitación pública, habría utilizado esas cotizaciones adulteradas para adelantar el trámite contractual, lo que finalmente permitió adjudicar el contrato al consorcio señalado.
En el mismo proceso, los contratistas Durán Briñez y Zambrano Hernández fueron judicializados como intervinientes. A Durán se le atribuye el rol de representante legal del consorcio, firmando los actos precontractuales y contractuales, mientras que Zambrano habría aportado documentos para sustentar una supuesta experiencia en el suministro de repuestos.
Los delitos imputados incluyen falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La Fiscalía sostiene que las pruebas recabadas demuestran un patrón de irregularidades que compromete la gestión de los implicados.
La comunidad de San Antonio observa con preocupación el avance del proceso, pues consideran que este tipo de actuaciones afecta directamente la confianza en las instituciones. El caso se suma a una serie de investigaciones que buscan frenar la corrupción en el departamento del Tolima, donde la contratación pública ha sido objeto de constantes cuestionamientos.
