El municipio de Villanueva, en el departamento de Casanare, ha estado en el centro de la polémica debido a la situación judicial de su actual alcalde, Héctor Fernando Vizcaíno Cagüeño. A pesar de las acusaciones en su contra, el mandatario local ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de la comunidad y la transparencia en la gestión pública.
Durante un reciente pronunciamiento, Vizcaíno Cagüeño aseguró que continuará trabajando por el bienestar del municipio, señalando que los problemas de la localidad no se solucionan con “noticias falsas y desprestigios”. Sin embargo, su administración se ha visto envuelta en un escándalo judicial que lo vincula con presuntas irregularidades en la contratación de servicios jurídicos cuando se desempeñó en la empresa de servicios públicos de Villanueva en 2011.
Controversia
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, en 2011, González Rodríguez, quien era el gerente de la empresa de servicios públicos del municipio, firmó el contrato 007 del mismo año con el objetivo de contratar asesoría jurídica. La oferta fue dirigida al abogado Jairo Andrés Castro, pero, según pruebas grafológicas, la firma que figura en el documento no corresponde a la de Castro, lo que indicaría una posible suplantación de identidad.
Las investigaciones revelaron que, aunque el contrato estaba a nombre de Castro, el servicio fue prestado por otra persona: Héctor Fernando Vizcaíno Cagüeño, quien en la actualidad ocupa el cargo de alcalde. A raíz de esta situación, la Fiscalía imputó a Vizcaíno Cagüeño por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Proceso
El proceso judicial en contra del alcalde de Villanueva ha avanzado en los últimos meses. El 30 de julio de 2024, la Fiscalía presentó un escrito de acusación formal ante el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey, señalando a Vizcaíno Cagüeño por las presuntas irregularidades en la contratación. Posteriormente, el 2 de diciembre, se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación.
Durante la diligencia, la defensa del alcalde solicitó la nulidad del proceso, argumentando que los hechos ocurrieron hace 13 años y, por lo tanto, se debía considerar la prescripción de la acción penal. No obstante, el juez aún no ha emitido una decisión definitiva sobre esta petición, dejando en incertidumbre el futuro judicial del mandatario local.
La imputación de Vizcaíno Cagüeño ha generado diversas reacciones en la comunidad. Mientras algunos habitantes defienden su gestión y consideran que se trata de una persecución política, otros exigen que se aclare su responsabilidad en los hechos denunciados. La controversia ha puesto en evidencia la fragilidad institucional del municipio y ha reavivado el debate sobre la corrupción en la administración pública.
