El alcalde de Campoalegre, Víctor Ramón Vargas Salazar, y el gerente de las Empresas Públicas de Campoalegre, Rubén Darío García Muñoz, fueron sancionados con tres días de arresto y una multa, debido al incumplimiento de una tutela que ordenaba garantizar el suministro de agua potable a la vereda Potosí. La orden fue impartida por el Tribunal Superior de Neiva y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Un fallo sin ejecución
El alto tribunal determinó en mayo de 2020 que se debía proveer agua a los habitantes de la vereda, ya sea mediante la construcción de una nueva red de acueducto o con el suministro de carrotanques. A pesar de la ampliación del plazo para cumplir la orden, han pasado más de cuatro años sin que se materialicen las soluciones necesarias.
Alegatos y responsabilidades
Las entidades implicadas argumentaron diversas dificultades. La Emac indicó que firmó contratos para la mejora del acueducto en 2021, pero estos fueron cancelados por falta de cooperación de la comunidad. La Alcaldía, por su parte, afirmó que la administración anterior no informó sobre la orden de tutela durante el proceso de empalme, lo que habría retrasado su cumplimiento.
Posibles soluciones
El alcalde Vargas Salazar aseguró que su administración está gestionando recursos ante el Viceministerio de Aguas y el Ministerio de la Igualdad para financiar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio. Mientras tanto, la sanción impuesta busca presionar el cumplimiento de la tutela y garantizar el derecho fundamental al agua potable para la comunidad afectada.
