Edwin Andrés Cárdenas, irregularidades en la adjudicación de un contrato de alumbrado público
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra el alcalde de Timaná, Edwin Andrés Cárdenas Gasca, y el gerente de Empresas Públicas del municipio por presuntas irregularidades en un contrato de alumbrado público. La denuncia, presentada por el grupo ciudadano «Timaná 500», se centra en un presunto peculado por apropiación.
Contrato millonario en la mira
El contrato, adjudicado a un consorcio de Antioquia por más de $1.200 millones, estaría inflado en sus costos. Según la denuncia, las lámparas adquiridas fueron pagadas a un valor ocho veces superior al del mercado. Mientras que su precio comercial ronda los $200.000, la administración municipal habría pagado cerca de $1.800.000 por cada una. Además, se señala que la licitación habría tenido irregularidades en su proceso de adjudicación, beneficiando a una empresa con presuntos vínculos políticos.
Fiscalía recaba pruebas
El proceso fue abierto oficialmente el 10 de octubre de 2024 y se encuentra en fase de averiguación. La investigación está a cargo del CTI, bajo la dirección de la investigadora Martha Cecilia Zúñiga Cedeño. Se han ordenado diligencias para recolectar pruebas y establecer la posible responsabilidad de los funcionarios implicados. Entre las pruebas que se están recopilando se encuentran documentos contractuales, registros contables y testimonios de los funcionarios involucrados en el proceso de contratación.
Comunidad exige respuestas
Ante la investigación, la ciudadanía ha organizado veedurías para exigir claridad en el manejo de los recursos públicos. Diferentes sectores sociales han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en los procesos de contratación municipal. Líderes comunitarios han solicitado que se auditen otros contratos adjudicados durante la actual administración para descartar más anomalías.
Posibles sanciones y consecuencias
De confirmarse las irregularidades, los implicados podrían enfrentar sanciones penales y disciplinarias. El delito de peculado por apropiación conlleva penas que pueden superar los 10 años de prisión, además de inhabilidades para ejercer cargos públicos. La Contraloría también podría intervenir en el caso, exigiendo la devolución de los recursos mal utilizados.
La Fiscalía ha indicado que una vez se recopilen las pruebas necesarias, se tomarán las decisiones correspondientes sobre el futuro del caso. La comunidad de Timaná sigue atenta a los avances de la investigación, esperando que la justicia actúe con celeridad para esclarecer el destino de los fondos públicos y garantizar la transparencia en la administración municipal.
Asimismo, se espera que el caso sirva de precedente para evitar futuros hechos de corrupción en el municipio. Los ciudadanos han reiterado su compromiso con la vigilancia de la gestión pública y han solicitado a los organismos de control una mayor presencia en la región para evitar que situaciones similares se repitan en futuras administraciones. La presión social ha llevado a que este caso cobre relevancia a nivel departamental, generando llamados de atención por parte de sectores políticos y organizaciones civiles que exigen mayor rigurosidad en la supervisión de los contratos estatales. La incertidumbre sobre el destino del contrato sigue siendo motivo de debate entre la comunidad y las autoridades.
