El Cauca atraviesa una etapa crítica marcada por ataques simultáneos, activación de explosivos y el uso de drones como herramienta de guerra. La reciente arremetida dejó nuevas afectaciones en poblaciones rurales y urbanas, donde las comunidades reportan noches de zozobra y desplazamientos temporales. Pese a los refuerzos policiales y militares, la violencia continúa creciendo y evidencia fallas estructurales en la presencia estatal.
El analista en conflicto armado Jorge Mantilla explicó que esta escalada no es un fenómeno aislado, sino la evolución de una dinámica que lleva años en consolidación. La hegemonía del Estado Mayor Central —bajo el mando de Iván Mordisco— permitió a las disidencias expulsar a otros grupos y consolidar un control que abarca economías ilícitas, corredores estratégicos y hasta espacios de decisión local. “El verdadero negocio es dominar el territorio, porque desde allí capturan todo lo demás”, precisó.
La situación es especialmente compleja para los pueblos indígenas del departamento, cuyas guardias y autoridades comunitarias quedan en medio de la confrontación. Según Mantilla, su rol territorial las convierte en objetivos frecuentes de los ataques. A esto se suma el alto índice de reclutamiento de menores, el incremento de la extorsión y el impacto humanitario de los secuestros.
El experto cuestionó la idea de que la reciente ofensiva sea reacción a una presión militar efectiva. Para él, la evidencia apunta a grupos armados en expansión y con mayor capacidad de fuego. Sin una política integral que combine seguridad, presencia institucional y diálogo con comunidades afectadas por economías ilícitas, advirtió, el Cauca seguirá atrapado en un ciclo de violencia que amenaza con extenderse a departamentos vecinos.
