Una fuerte alarma se ha encendido en el Valle del Cauca tras revelarse preocupantes cifras sobre violencias basadas en género registradas durante los primeros cinco meses del año. Los datos, entregados por el Observatorio de Feminicidios Colombia, dan cuenta de un panorama alarmante.
Según el informe, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025 se documentaron 620 casos de violencia contra mujeres y niñas en el departamento, situándolo como uno de los territorios con mayores reportes en todo el país.
En Cali, los sectores más críticos incluyen zonas populares como la Carrera 5 con Calle 15, donde las autoridades han recibido múltiples denuncias por agresiones físicas, psicológicas y amenazas persistentes hacia mujeres de distintas edades.
Organismos como Naciones Unidas han advertido que estas violencias no son hechos aislados, sino el reflejo de desigualdades estructurales de poder que afectan de manera sistemática y desproporcionada a las mujeres.
Sandra Balanta Cobo, investigadora en temas de género de la Universidad Icesi, reiteró el llamado a las autoridades municipales y departamentales para que adopten medidas urgentes frente a lo que calificó como una “crisis silenciosa”.
“Las cifras evidencian un problema estructural que no puede seguir siendo invisibilizado. Se necesitan políticas integrales, con enfoque territorial y presupuesto real para prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género”, indicó Balanta.
La experta también manifestó su preocupación por la subregistración de casos, debido al miedo de las víctimas a denunciar o a la revictimización institucional, que muchas veces impide el acceso a justicia y protección efectiva.
En el reciente informe también se documenta un incremento en los casos de feminicidio tentado y violencia sexual en adolescentes y mujeres jóvenes, en su mayoría pertenecientes a sectores vulnerables y con baja presencia estatal.
Colectivos feministas del Valle del Cauca han realizado múltiples plantones y campañas de visibilización en redes sociales bajo etiquetas como #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos, exigiendo respuesta institucional y protección para las víctimas.
Desde la Secretaría de Bienestar Social de Cali se han implementado algunas estrategias de atención, como la línea 106, casas de acogida y orientación psicosocial, aunque organizaciones civiles insisten en que aún son insuficientes frente a la magnitud del problema.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha emitido alertas tempranas para distintas comunas de Cali donde hay riesgo extremo para mujeres en contextos de violencia intrafamiliar, control territorial y economías ilegales.
En contraste, líderes comunitarias de estos sectores reclaman mayor inversión social y programas de educación y empoderamiento femenino, como herramientas clave para romper el círculo de violencia.
En lo corrido del año, se han judicializado algunos casos emblemáticos, pero la mayoría de las agresiones siguen sin castigo. La impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos en la lucha contra el feminicidio y la violencia de género.
La comunidad internacional ha ofrecido cooperación técnica y financiera, pero expertos coinciden en que el cambio profundo solo será posible con voluntad política sostenida y compromiso real de las autoridades locales.
En tanto, las mujeres siguen organizándose, alzando la voz y exigiendo garantías de vida digna, libre de violencias, en un departamento que no puede seguir normalizando el maltrato y la muerte por razones de género.
