Una creciente preocupación se ha instalado en la comunidad educativa de Bosa Piamonte, luego de que se confirmara que Freddy Castellanos, actualmente investigado por presuntos abusos sexuales contra menores en la localidad de San Cristóbal, trabajó como coordinador durante dos años en el jardín infantil del ICBF ubicado en la Calle 68A Sur #80H-64. La noticia ha encendido las alarmas entre padres de familia, docentes y cuidadores, quienes exigen respuestas claras y una investigación a fondo sobre su paso por esta institución.
Padres exigen claridad y garantías de protección para los niños
La reacción fue inmediata. Padres y madres de familia manifestaron su indignación ante la posibilidad de que Castellanos haya tenido contacto con menores mientras ocupaba un cargo de responsabilidad directa en el jardín. Las familias están pidiendo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que revele si, durante su gestión, hubo reportes internos, anomalías o quejas que hayan sido ignoradas o minimizadas. La exigencia principal es una: conocer si existen otras posibles víctimas en la localidad de Bosa.
Aunque el ICBF ha señalado que se actuó conforme a los protocolos establecidos y que actualmente colabora con las autoridades competentes, la comunidad denuncia falta de transparencia y lentitud en la entrega de información. El temor se ha extendido entre los padres, quienes hoy se sienten inseguros de dejar a sus hijos en el centro educativo.
La Fiscalía investiga y la comunidad exige respuestas inmediatas
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha confirmado que está revisando los antecedentes del caso y que se hará seguimiento a la trayectoria laboral de Freddy Castellanos en instituciones que atienden a menores. La comunidad, sin embargo, reclama acciones inmediatas que incluyan el acompañamiento psicosocial a las familias, la revisión de todo el personal vinculado al jardín y la garantía de que los filtros de contratación realmente protejan a los niños.
Este hecho ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control que utilizan las entidades estatales para vincular personal en centros de atención infantil
